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Caída sin frenos en Canal 9

El centro de producción de programas de RTVV es una caldera en ebullición que crece conforme se acercan las elecciones

 08:51  
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Nadie tiene una idea clara de qué va a pasar tras el 22-M, pero todos están convencidos de que algo pasará ante un modelo de televisión cada vez más insostenible.

alfons garcia Lo que nadie duda dentro ni fuera de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) es que la cadena tiene en las elecciones del día 22 un punto de inflexión. Pasada la cita de las urnas, se aplicarán cambios y reformas en un modelo que se ha demostrado insostenible económicamente. La incógnita (y no depende sólo del partido que gobierne) es la profundidad que alcanzará el bisturí remodelador. O sea, si habrá despidos, si la estructura actual de cadena generalista que compite con las privadas se replanteará o si el coco de la privatización (parcial, en todo caso, porque lo demás se antoja inviable) llamará a la puerta. Hay quienes sugieren que el reparto ya está diseñado, con beneficiarios incluso.
Algo debería decir sobre todo ello el enigmático y atemorizante informe encargado -y bien pagado (185.000 euros)- por la dirección a la consultora Price Waterhouse Coopers, si bien la jefatura del ente insiste en que el estudio no ofrecerá drásticas conclusiones.
Con todo, una deuda que supera holgadamente los mil millones de euros para una cadena con una audiencia en caída libre -cerró 2010 con un 8,4% de media y registró un 6,7% en el último mes de abril- bien vale una reflexión profunda.
Las responsabilidades, no obstante, no son las mismas para todos. El gobierno de RTVV durante la última legislatura se lo han repartido casi en mitades exactas Pedro García y José López Jaraba. El primero dimitió el 27 de agosto de 2009, en plena efervescencia del caso Gürtel, en el que apareció su nombre por su estrecha amistad con Álvaro Pérez, el Bigotes, y la ramificación de uno de los contratos para la transmisión de la visita de Benedicto XVI en 2006. Si la etapa del ex jefe de Comunicación de Eduardo Zaplana y Francisco Camps se puede resumir como de continuación de la fiesta (la deuda creció casi 200 millones de euros en 2008), a López Jaraba, en medio de la crisis, le ha tocado cerrar los grifos y no mojarse demasiado. Aún así, las consecuencias son un sector audiovisual valenciano en estado de asfixia, con demoras de hasta 20 meses en los cobros que se han llevado a algunas productoras por delante. Los dobladores, sirva como ejemplo, ya se han plantado y no trabajarán para Canal 9. Como añadido, el fútbol de Primera División es historia en Canal 9 por el conflicto por los pagos a Mediapro.
Pero no todo es economía. ¿Qué se puede decir del prestigio de una cadena pública que subraya u obvia investigaciones judiciales según quien sea el imputado (Francisco Camps o Ángel Luna)? ¿Servicio público o instrumento de servicio político? Esos interrogantes deberían estar también ahora en juego.

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