José Flors, juez instructor de la causa de los trajes de Gürtel, rechazó ayer juzgar a los líderes de la trama junto al jefe del Consell, Francisco Camps, y los otros tres dirigentes populares acusados. El magistrado del TSJ advierte en un auto de que el anterior Código Penal -vigente cuando ocurrieron los hechos- no castigaba la entrega de dádivas cuando no se acreditaba una contraprestación concreta. La decisión acelera el posible juicio oral contra Camps, el ex vicepresidente Víctor Campos, el eldiputado Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret.

El juez Flors debe resolver sobre la apertura del juicio oral tras una audiencia preliminar, que todavía no está convocada. El magistrado no puede señalar la vistilla previa si alguna de las partes recurre el auto y la Fiscalía anunció ayer que lo hará. El TSJ se pronunciará después de elecciones. José Flors ya desestimó hace dos años juzgar a los responsables de Orange Market -Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes"- con el jefe del Consell. El juez señaló entonces que la trama supuestamente daba regalos en todo el territorio nacional para obtener beneficios por lo que consideraba que a los cabecillas de Gürtel no se les podía juzgar en Valencia y en Madrid por lo mismo. El magistrado se ha tenido que volver a pronunciar sobre los mismos hechos después de que el TSJ de Valencia aceptara la inhibición dictada por el juez instructor de Gürtel en Madrid.

José Flors incide en el auto en que "no existe constancia de ninguna relación entre el pago de las prendas de vestir con las que parecen haber sido obsequiados Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret" y las adjudicaciones conseguidas por Orange Market. El juez reitera que el anterior Código Penal -que fue modificado en junio de 2010- no castigaba la entrega de dádivas cuando no se podía acreditar un beneficio concreto. El magistrado recuerda que -por contra- el Código Penal sí sancionaba la recepción de regalos. El TSJ también debe decidir el jueves si asume la investigación por la supuesta financiación ilegal del PP. Camps evitó, durante un acto, las preguntas de los periodistas sobre este asunto.

La Audiencia Provincial, por otra parte, confirmó ayer el archivo de la rama de la Operación Brugal que afectaba al conseller Gerardo Camps. El auto argumenta que no se evidencian presiones o instigaciones por parte del empresario Enrique Ortiz para interferir en el proceso de las adjudicaciones investigadas. Concretamente los proyectos bajo sospecha eran el futuro Palacio de Congresos y el Centro Cultural de San Vicente. El juzgado de Instrucción número dos de Alicante ya archivó estas diligencias al no ver indicios de un delito de tráfico de influencias, una decisión que fue recurrida.