La inicia Costas

Nueva fase de deslindes para detectar inmuebles en suelo público

En la provincia sigue sin resolverse la situación de las 1.300 viviendas levantadas en los años 70 en primera línea

 14:50  

f. j. bENITO El Ministerio de Medio Ambiente iniciará en las próximas semanas una nueva fase de la cruzada iniciada en la costa de la provincia para detectar construcciones (edificios de viviendas, chalets y restaurantes...) que vulneran la Ley de Costas de 1988 y continúan en un limbo legal debido a la indolencia del propio Ministerio para trazar los deslindes. La Dirección Provincial de Sostenibilidad de la Costa y el Mar publicó esta semana en el BOE la adjudicación por 208.129 euros a la consultora Ingeniería Digital y Medio Ambiente del contrato de servicios para la realización de nuevos deslindes en los municipios de Alicante, El Campello, Torrevieja, Santa Pola, Orihuela, y Pilar de la Horadada.

Alicante es la provincia española donde más retraso acumula el trazado de los deslindes, algo que ha provocado la proliferación, incluso, de viviendas en suelo del dominio público marítimo-terrestre. Ahora llega una nueva tanda de deslindes sin que todavía se haya resuelto la situación de las alrededor de 1.300 viviendas que ocupan suelo de dominio público en la provincia.

José Ortega, portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, calcula que aproximadamente un 40% del territorio alicantino afectado por la legislación está sin deslindar. Ortega apunta que «aunque la presión que hemos realizado desde la plataforma ha suavizado en los últimos años la presión de Costas, las consecuencias del trazado de estos nuevos deslindes son imprevisibles y seguro que afloran decenas de viviendas afectadas. Lo que no entendemos es porqué las cosas van tan lentas en la provincia».

En total, en España existen unas dos mil casas construidas, según el Ministerio de Medio Ambiente, invadiendo el dominio público marítimo-terrestre –entre veinte y cien metros de protección, según los casos–, de las que unas 1.300 están en la provincia y el resto repartidas por Canarias, Asturias, Galicia, Valencia y Castellón. La amenaza de demolición afecta a unas cinco mil personas y los afectados han reclamado en repetidas ocasiones al Gobierno que deje sin efecto el carácter retroactivo de la ley o apruebe la desafección de los terrenos donde se ubican las viviendas.

Los propietarios afectados hasta ahora tienen sus casas en zonas donde la aplicación de la Ley de Costas obligaría a su derribo residen en la Albufereta –edificios Helios, Rocafel y Torre Alacant–, Arenales del Sol (Elche), Dénia, Santa Pola y Guardamar. Los afectados presentaron en 2009 una queja ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en la que denunciaron que la aplicación de la Ley de Costas con carácter retroactivo vulnera varios artículos de la Constitución Española, así como varios artículos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. El PE rechazó ese año el carácter retroactivo de la ley, pero el Gobierno no movió ficha y sólo ofrece como solución la fórmula de la concesión administrativa.

La noticia de la realización de nuevos deslindes llega tres meses después de que el Senado aprobara una reforma de la legislación que excluyó de la aplicación de la ley a los núcleos costeros dotados de singularidad propia, lo que abrió la puerta a la legalización de las 1.300 casas que ocupan suelo público, lo que parece un contrasentido.

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