El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad ha desestimado la mayor parte de la prueba que pedía el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, antes de la apertura del juicio oral por la causa de los trajes de Gürtel. La sala de lo Civil y lo Penal ha accedido a que en la vistilla previa al juicio se practiquen pruebas menores, pero se ha opuesto a que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, declare en esa audiencia preliminar, tal y como solicitaba Camps. El tribunal también ha rechazado todas las pruebas que solicitaba el acusado Rafael Betoret, ex alto funcionario de Turismo. El juez instructor del caso, José Flors, ya sólo espera la resolución de un último recurso sobre la inclusión en el juicio de los cabecillas de la trama -Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez (El Bigotes)- para convocar la vistilla previa.

Las pruebas rechazadas por la sala de lo Civil y Penal del TSJ ya fueron desestimadas, en su día, por el juez instructor. El objetivo último de la batería de recursos de Camps, según algunos juristas, ha sido demorar al máximo la apertura del juicio oral para evitar sentarse en el banquillo antes de las elecciones. Flors llegó a advertir de la "absoluta inutilidad" de algunas pruebas pedidas por las defensas de los cuatro acusados: los citados Camps y Betoret; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos; y el ex secretario general del PP, Ricardo Costa.

La sala se ha opuesto a que declare en la audiencia preliminar Francisco Correa porque no se ha acreditado que su testimonio sea imprescindible para decidir entre la apertura del juicio oral o el sobreseimiento. El auto apunta que "por extraño que pueda parecer", el recurrente -Camps- afirma que Correa no ha llegado a declarar a pesar de que la acusación lo ha presentado "como el centro de una organización de empresas y personas que han dado lugar a toda una serie de hechos considerados delictivos". Eso supone, según el TSJ, que Francisco Correa declararía por primera vez en el TSJ de la Comunidad.

El tribunal también ha rechazado que en la audiencia preliminar comparezca un perito de Camps para declarar sobre el informe realizado por los técnicos de la Agencia Tributaria. La sala advierte de que "ratificar un dictamen y contestar a las aclaraciones pedidas es algo que debe hacer quien ha hecho el dictamen". Además, el TSJ ha desestimado la pretensión de la defensa de Camps de que se constate formalmente que el sastre José Tomás ha interpuesto una querella contra Eduardo Hinojosa, dueño de las tiendas Forever Young y Milano. José Flors ya advirtió de que no sabe qué relación puede guardar la querella de Tomás con la causa de los trajes. La sala coincide con él.

El TSJ sí que ha aceptado que en la vistilla previa testifiquen el chófer y el escolta de Camps. El jefe del Consell alegó que en verano de 2008 pidió dinero en efectivo a su chófer y al escolta para pagar una chaqueta en una de las tiendas que le suministró los trajes. El juez Flors se opuso a la prueba por su "absoluta inutilidad" porque en el proceso "nadie" ha puesto "en duda" que la chaqueta fue pagada en metálico por Camps. Sin embargo, la sala sostiene que la declaración del conductor y el escolta "no es inútil" ya que "podría, en general, tener alguna influencia en la apertura del juicio o el sobreseimiento".

El alto tribunal valenciano también ha admitido que en la vistilla previa preste declaración como testigo el gerente de Orange Market, Cándido Herrero. La testifical de Herrero fue pedida como consecuencia de la declaración de otro testigo. La sala acepta la prueba por una cuestión procesal ya que considera que el magistrado José Flors no calibró si era imprescindible o no como exige la Ley del Jurado.

El jefe del Consell pide más Policía y promete un plan contra el sobrepeso

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en una jornada que compartió entre Valencia y Castellón, se comprometió ayer, si resulta reelegido para el cargo, a poner en marcha un plan de prevención y tratamiento de la obsesidad y el sobrepeso y de las enfermedades derivadas como el colesterol o la hipertensión, lo que permitirá a la sanidad pública valenciana un ahorro que cifró en 50 millones de euros al año. Asimismo, en otro acto electoral, esta vez en la localidad valenciana de Paterna, el principal candidato a la reelección por el PP reclamó al Gobierno que destine 2.000 nuevos policías nacionales y guardias civiles para que la Comunidad Valenciana alcance "la media nacional" en cuando a "seguridad ciudadana".