El operativo iniciado hace casi un mes por Iberdrola, Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía contra los enganches ilegales de luz en la zona norte de Alicante ha permitido detener e imputar a 27 vecinos por defraudación de fluido eléctrico al haberse conectado de forma clandestina a la red general o a los contadores de las comunidades vecinales. La operación sigue abierta y las últimas ocho detenciones se realizaron ayer por la mañana, al mismo tiempo que los técnicos de Iberdrola procedían al desenganche de los empalmes ilegales de cuatro viviendas situadas en el pasaje Poeta Vicente Medina, en el barrio Juan XXIII Segundo Sector, según informó la Policía Local.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana informó en un comunicado de que este tipo de estafa aparece tipificada en el Código Penal y por tanto los imputados deberán responder en el juzgado de la acusación de defraudación de fluido eléctrico. El Código Penal considera en su artículo 255 la defraudación de fluido eléctrico como un delito que atenta contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Cuando el montante económico del consumo ilegal de luz supera los 300 euros el infractor se expone a una pena de prisión entre 3 y 12 meses.

Fuentes policiales aseguraron ayer que el fraude cometido hasta el momento con los enganches ilegales ha supuesto para la compañía Iberdrola un perjuicio económico de unos 11.000 euros, importe que puede aumentar conforme sigan las inspecciones de viviendas y se detecten nuevos casos.

Dado la avalancha de enganches ilegales que se han detectado en Alicante, el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, se reunirá a finales de este mes con responsables de la Fiscalía, Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía para estudiar de qué forma se pueden combatir mejor estas infracciones desde el punto de vista penal.

Las primeras actuaciones se realizaron a mediados de abril, también en el barrio Juan XXIII Segundo Sector. Las mismas fuentes policiales aseguraron que el operativo sigue abierto, por lo que no se descarta que aumente el número de detenidos. Los vecinos son puestos en libertad tras ser detenidos e identificados en dependencias policiales.

El concejal de Seguridad, Juan Seva, explicó ayer que estos empalmes ilegales, además de ser un fraude económico, suponen "un gran un riesgo para los vecinos, pues pueden originar cortocircuitos e incendios al realizarse sin medidas de seguridad".

La Policía Local informó ayer de otra actuación muy reciente que se produjo en la calle Enrique Granados, donde un total de once personas fueron imputadas por los mismos hechos.

Hace cuatro años la compañía Iberdrola detectó un millar de casos de fraude y en 2008 los enganches ilegales se duplicaron. Durante 2009 la cifra se disparó a 8.000 en toda la Comunidad Valenciana. Fuentes de la compañía no pudieron ofrecer ayer tarde los datos de 2010 sobre estos empalmes ilegales que tanto proliferan en la zona norte de Alicante, en concreto en el barrio de Juan XXIII Segundo Sector.