Los socialistas lanzaron ayer un decálogo con el que Jorge Alarte, candidato a la Generalitat del PSPV, pretende acabar con la lacra de la corrupción -el principal tema de la agenda política valenciana desde hace dos años- tanto en el Consell como en las entidades locales. "Tenemos que garantizar que lo que está pasando ahora no vuelva a ocurrir", subrayó Alarte en clara referencia a las investigaciones que implican de norte a sur a los principales dirigentes del PP en la Comunidad. Desde Carlos Fabra en Castellón a Joaquín Ripoll en Alicante pasando por el propio Francisco Camps, presidente de la Generalitat y salpicado directamente por los efectos de la trama Gürtel.

Alarte rechaza que las instituciones valencianas sigan siendo un foco de corrupción que mantiene a la Comunidad en el epicentro mediático de toda España. "Somos más noticia por la corrupción que por otras cosas", reflexionan desde el PSPV. Los socialistas, en el caso de llegar a la Generalitat, pondrán en marcha una serie de reformas y de cambios legislativos para tratar de evitar que se reproduzcan casos como Gürtel -en el que está imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps-; o Brugal, que afecta a varios municipios de la Vega Baja y en el que está imputado por cinco graves delitos el presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll. Pero también para erradicar las malas prácticas entre las organizaciones cuyo presupuesto depende en un 25% de las arcas públicas, en referencia clara y explícita al caso de las ONGs subvencionadas por la conselleria que dirige Rafael Blasco.

Acompañado de Ángel Luna -uno de los diputados que se ha mostrado más activo contra la corrupción a lo largo de la última legislatura en las Cortes-, Jorge Alarte presentó una decena de propuestas -ver cuadro anexo- que tienen su punto de unión en la creación de un sistema de integridad para fomentar la transparencia y luchar contra la corrupción en las instituciones políticas. Será norma a cumplir en todas las instancias del Consell. "Aspiramos a lograr el voto de los valencianos, gente digna y honrada a la que le gustan los políticos honrados", aseveró Alarte.

Ese modelo contra la corrupción se desarrollará con una Ley de Calidad Democrática y Transparencia, de obligada aplicación en la administración y en las entidades que vivan, al menos en una cuarta parte de su presupuesto, de la ayuda pública. Los socialistas también quieren que haya un mayor margen de control en las Cortes; crear una comisión, formada por cinco personas de relevancia y nombrada por una mayoría cualificada del hemiciclo autonómico, que tendrá la misión de fiscalizar la acción ética de la Presidencia de la Generalitat; y garantizarán la independencia de la Sindicatura de Greuges y de Comptes, entre otras medidas. El proceso culminaría, apuntó Jorge Alarte, con un pacto valenciano contra la corrupción. "Queremos sentar las bases de una cultura social que haga imposible la impunidad política", dijo antes de dar paso a Luna."En la Comunidad hay un "clúster" -grupo- de corrupción que dificulta la acción clásica de la justicia penal", concluyó el síndic socialista que hoy presenta la iniciativa en Alicante.