No es un fenómeno nuevo, pero en esta ocasión la presencia de imputados en las listas de los dos grandes partidos políticos ha suscitado especial polémica, quizás por la repercusión mediática de asuntos como la trama Gürtel, en la Comunitat Valenciana, o por la acumulación de casos, como en Andalucía.
Se estiman en más de cien los candidatos que se presentan a los comicios autonómicos y municipales estando inmersos en procesos judiciales por supuestos casos de corrupción, cohecho, prevaricación o delitos cometidos en actos administrativos.
Más de la mitad correspondería a candidatos del PP y un 35 por ciento al PSOE, pero también hay imputados en las candidaturas de otros partidos, como Izquierda Unida, CiU o Coalición Canaria, además de en formaciones minoritarias.
Los dos grandes partidos se reprochan mutuamente la presencia de imputados en la lista del otro, mientras que otras formaciones, como UPyD o el PNV "sacan pecho" y proclaman que no cuentan con ningún candidato que esté siendo investigado.
Las medidas para combatir la corrupción en la administración han formado parte de los programas electorales de todos los partidos que, además, las han endurecido a lo largo del tiempo y se han dotado de códigos éticos destinados a erradicarla de sus filas.
Pese a ello, ni el PSOE ni el PP, los dos principales partidos, se han comprometido a eliminar de sus listas a los candidatos imputados.
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Uno de los argumentos esgrimidos para mantener a determinados candidatos en las listas es la presunción de inocencia, un derecho fundamental que recoge la Constitución en su artículo 24.2.
Aunque jurídicamente un imputado no es un acusado, buena parte de la opinión pública no lo entiende así y esgrime -según demuestran las encuestas- que todo cargo público debe asumir responsabilidades políticas si está siendo investigado por un delito.
Han sido muchos los dirigentes políticos que, durante el proceso de confección de las listas, han defendido la inocencia de sus candidatos y han advertido de las consecuencias irremediables que tendría la decisión de apartarles de la carrera electoral si las investigaciones judiciales quedan finalmente en nada.
Algunos, como el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, abogan por un acuerdo entre todos los partidos sobre si debe respetarse la presunción de inocencia de los imputados para configurar las listas electorales.
Y todos recuerdan que imputado es alguien que está siendo investigado en un sumario por la supuesta comisión de un delito, mientras que un acusado es aquél que, una vez concluida la fase de instrucción, ya ha sido investigado, va a ser juzgado por ese delito y puede acabar, o no, siendo condenado por un tribunal.
LA COMUNITAT VALENCIANA Y EL CASO GÜRTEL
Del centenar de candidatos imputados, sólo uno aspira a repetir mandato al frente de una autonomía, Francisco Camps, cuya imputación en el caso Gürtel ha tenido clara repercusión en el debate nacional aunque, según la última encuesta del CIS, no afectará al mayoritario respaldo que espera en las urnas y que le situaría de nuevo al frente de la Generalitat.
El caso Gürtel afecta a otros candidatos populares como Ricardo Costa, Vicente Rambla, Milagrosa Martínez, David Serra y Yolanda García.
A ellos se suman los implicados en el caso Brugal, Sonia Castedo, y José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, número 2 de la lista a la alcaldía y máximo responsable del PP en esa provincia.
Camps es uno de los diez presidentes autonómicos que han sido imputados por algún delito durante su mandato. De ellos, sólo tres fueron finalmente condenados, otros seis resultaron exculpados.
EN MADRID, EL CASO GÜRTEL QUEDA FUERA DE LAS LISTAS
La trama Gürtel también se extendió por Madrid y su efecto se ha dejado sentir en la elaboración de las listas electorales, pero en este caso por ausencias: todos aquellos que figuran como imputados han desaparecido de las candidaturas del PP.
Es el caso de tres diputados en la última legislatura de la Asamblea -Benjamín Martín Vasco, Alberto López Viejo y Alfonso Bosch-, pero también de exalcaldes, como el de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, y los de Boadilla del Monte Arturo González Panero y Juan Siguero.
La presidenta del PP madrileño y aspirante a la reelección al frente de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha optado por retirar a todos ellos de las listas "con el lógico respeto a la presunción de inocencia penal", pero con la premisa de que los ciudadanos "agradecen" que no sean candidatos los vinculados a la trama Gürtel dadas sus "responsabilidades políticas".
Al margen del caso Gürtel, el PP subraya que la número 20 en la lista del PSOE a la Asamblea, la exalcaldesa de Galapagar Carmen Toledano, está imputada por prevaricación, mientras que el PSOE destaca que diez cabezas de lista del PP están imputados por diversos delitos, entre ellos los candidatos a Las Rozas, Alcobendas o Pinto.
ACUMULACIÓN DE CASOS EN ANDALUCÍA
Andalucía es la comunidad autónoma con más candidatos inmersos en investigaciones judiciales, aunque ninguno de ellos está relacionado con el caso que ha tenido más repercusión mediática, los ERE irregulares.
Entre ellos, destacan algunos alcaldables en Sevilla, Granada y Córdoba.
En el caso de Sevilla, el candidato de IU y actual teniente de alcalde de la ciudad, Antonio Rodrigo Torrijos, está imputado por la presunta venta fraudulenta de terrenos de Mercasevilla.
Su imputación se conoció la víspera de que IU presentara un código ético, al que invitó a sumarse a PSOE y PP, que obligaba a sus candidatos a dimitir en el caso de ser imputados o procesados, aunque el dirigente andaluz interpreta que no le afecta por que se refiere a delitos urbanísticos o de corrupción.
En Granada el número uno de la lista del PSOE es Francisco Cuenca -imputado por un delito de cohecho y coacciones a dos tránsfugas del PSOE en Morelabor- aunque el PP lleva también una imputada en su lista: Cristina Almagro, por falsificar supuestamente certificados para ser presidenta de la Asociación de Vecinos del Albaicín.
Una de los casos más llamativos es el de Córdoba, donde el empresario Rafael Gómez "Sandokán", imputado por un delito de cohecho en el caso Malaya, concurre a las elecciones al frente de una nueva fuerza política, Unión Cordobesa, a la que los sondeos otorgan representación en el consistorio.
CANARIAS Y LOS DEMÁS
Por número de imputados en las candidaturas, Canarias ocupa el segundo lugar tras Andalucía, con alrededor de veinte políticos en esa situación, de todos los partidos.
Entre ellos, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, por un presunto delito de cohecho en el denominado caso Las Teresitas.
Pero hay más: una decena en Galicia, Murcia, Melilla, Plasencia, el Consell de Ibiza... Que se ha suscitado polémica está claro, que vaya a haber reflejo en las urnas, está por ver.
