El Ayuntamiento rechaza pagar parte de las indemnizaciones de Tabarca

Urbanismo sostiene que la licencia municipal de los bungalows declarados ilegales no fue anulada

 03:16  

S. ESCRIBANO El Ayuntamiento de Alicante ha remitido un escrito a la Conselleria de Infraestructuras en el que defiende la tramitación de las licencias municipales sobre los bungalows de Tabarca que construyó el exalcalde de Santa Pola, Pascual Orts, y que serán derribados tras la sentencia del Tribunal Supremo que los declaró ilegales en 2009, al igual que lo hizo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad en 2003. La Gerencia de Urbanismo se desentiende así del pago de las indemnizaciones solicitadas por los perjudicados y deja todo el peso de la responsabilidad en la Generalitat, que autorizó las obras pese a que las casas ocupaban el dominio público marítimo terrestre.
Como se recordará, la sentencia declaraba nula la resolución del director general de Obras Públicas de la Generalitat del 17 de junio de 1999 en el que se autorizaba la construcción de los adosados. Los propietarios de dichas viviendas han denunciado daños y perjuicios, reclamando una indemnización al Consell. Hace unas semanas, desde Infraestructuras comunicaron esta situación al Ayuntamiento y le reclamaron el desembolso de una parte de la indemnización al considerarles corresponsables por haber concedido la licencia municipal para levantar las casas. Le daban a Urbanismo un plazo de dos semanas para presentar alegaciones y un mes para aportar las pruebas que considerase oportunas antes de resolver el importe de la indemnización a pagar.
Ahora, el Ayuntamiento le responde que las licencias que otorgó al promotor para construir las viviendas "se encuentran en vigor por no haber sido anuladas" ni administrativa, ni judicialmente. De esta forma, se recuerda a la Generalitat que la sentencia judicial únicamente anuló el permiso del Consell y no el municipal, que no fue impugnado.
Urbanismo defiende que la licencia de obras se concedió en noviembre de 1998, sin solicitar autorización de la administración de Costas porque no era necesario entonces. Asevera que se tuvo en cuenta el antiguo Plan Especial de Tabarca que clasificaba el suelo como "urbano y edificable" antes de que se decretase la suspensión de licencias en la isla. En el escrito, la Gerencia sostiene que se cumplió con la legalidad en la tramitación municipal y que el proyecto se adecuó a la licencia de obras.
La sentencia dejó en la ilegalidad las polémicas viviendas, cuya construcción, en el borde litoral de Tabarca, suscitó las denuncias y quejas de colectivos ecologistas y de la oposición municipal, que denunciaron un trato de favor al entonces alcalde popular de Santa Pola. Finalmente, el destino de las casas será su demolición, previa aprobación de las indemnizaciones a pagar.

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