El pistoletazo de salida de la campaña electoral ha recrudecido la batalla dialéctica entre PP y los socialistas, ya de por sí levantada de tono. El conseller de Educación y ayer portavoz accidental de la Generalitat, Alejandro Font de Mora, aprovechó su comparecencia pública tras el pleno del Consell para enarbolar por enésima vez la bandera del victimismo. El titular de Educación copió el discurso que los populares han venido difundiendo desde que comenzó la legislatura y censuró la "discriminación" económica que, a su juicio, sufre la Comunidad Valenciana. Esta vez, en materia de financiación para Educación.

Al pedirle su valoración sobre la transferencia de 40 millones que el Ejecutivo central formalizará este año con Canarias para un plan de empleo en materia de infraestructuras educativas, Font de Mora fue tajante. "En los últimos años, el Estado le ha dado a esa comunidad 120 millones para educación. Andalucía y Castilla La Mancha también han recibido fondos, pero aquí en la Comunidad no ha llegado nada", aseveró. Este hecho pone de manifiesto, según agregó, "la discriminación incomprensible e inaceptable que tiene el Gobierno con esta Comunidad". Acto seguido, el conseller hizo referencia a unas declaraciones que el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, realizó hace semanas. "Hubo un ministro que calificó la Comunidad de tierra hostil", enfatizó.

A diferencia de la portavoz titular del Gobierno autonómico, Paula Sánchez de León, Font de Mora puso ayer especial énfasis en los acuerdos educativos que adoptó el pleno del Consell. Y comenzó su intervención anunciando la aprobación del II Plan Valenciano de Formación Profesional, que permanecerá en vigor entre 2011 y 2013. Este proyecto persigue tres objetivos: incrementar la empleabilidad de los valencianos, adecuar las exigencias del tejido productivo de la Comunidad y ampliar la oferta en los institutos, según expuso ayer el conseller. "El plan persigue la mejora de las capacitaciones del capital humano valenciano, contribuyendo así a aumentar sus posibilidades de empleo y a la vez la productividad y competitividad de las empresas valencianas", resumió. El proyecto contará con una inversión de 365 millones y se ha formalizado mediante el "consenso" con los sindicatos y los empresarios.

Si el discurso sobre la discriminación del Estado con la Comunidad es calcado en todos los dirigentes del PP, cuando hay facturas de por medio, los populares siempre se escudan en los mismos argumentos. Preguntado ayer sobre la investigación que abrirá la Fiscalía por un supuesto pago al arquitecto Santiago Calatrava por un proyecto sin ejecutar, Font de Mora insistió en que la Generalitat formaliza todos sus contratos "de manera estrictamente legal".

El PP replica que Camps es el único que defiende los intereses hídricos

Si el jueves fue el líder del PSPV, Jorge Alarte, el que se postuló como principal garante de la continuidad del trasvase Tajo-Segura en la Comunidad, ayer el turno de réplica le tocó al conseller de Medio Ambiente y Agua, Juan Cotino. "El presidente Camps es el único capaz de defender los intereses hídricos de la Comunidad Valenciana", sentenció. Cotino aseguró que los ciudadanos "ya no pueden creer" la promesa que lanzó el jueves Alarte debido a que "algunos de sus compañeros de partido, como Leire Pajín y Joan Lerma, han dado la espalda a nuestros intereses". En resumen, que lejos de aplacarse, el uso del agua como arma arrojadiza cobra fuerza en esta campaña, al igual que ocurrió hace justo cuatro años. A. F.