El TSJCV estima que, encontrándose disueltas las Corts Valencianes, debe aclararse la condición de los aforados implicados en el caso Gürtel y que podrían haber incurrido en presuntos delitos electorales, de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda y la Administración públicas.

El tribunal valenciano tiene que decidir si acepta la inhibición propuesta por su homólogo madrileño para trasladar la causa a Valencia. Para ello se pregunta cuántos de estos diputados, continúan siendo aforados en tanto que miembros de la Diputación Permanente y por tanto aforados. Se trata de un mero trámite dentro del proceso iniciado por el juez J. Fco. Ceres antes de determinar si acepta la inhibición planteada desde Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibió a favor del de la Comunitat Valenciana por implicar en esos supuestos delitos ligados a la red Gürtel, a altos cargos del Partido Popular en la Comunitat, entre ellos, al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, en su etapa como consellera de Turismo. Entre los aforados la pasada legislatura también se encuentran Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV y diputado), David Serra (vicesecretario del PPCV) y Yolanda García (tesorera del PPCV).

De los presuntos delitos que contiene la causa destaca la supuesta financiación irregular de las campañas de 2007 (autonómicas y locales) y generales de 2008 (la de Rajoy en Valencia), que comportarían penas, a diferencia de la causa de los trajes, de cárcel e inhabilitación.

En relación con la causa de los trajes, el escrito que el Ministerio Fiscal presentó el 18 de mayo de 2010 ante el juez del TSJM Antonio Pedreira para solicitarle precisamente la inhibición citaba a Camps e incluso subrayaba que, a efectos de analizar la conexión entre los delitos investigados en Madrid y la causa de los trajes, «tampoco puede desdeñarse» el cargo de presidente del PPCV que ocupaba el titular de la Generalitat.