Los tres loteros de Alicante detenidos por la Policía Nacional acusados de la presunta apropiación indebida de nueve décimos de Lotería Nacional premiados con 540.000 euros defendieron ayer su inocencia tras ser puestos en libertad provisional por el juzgado de guardia.
El dueño de la administración número 40 de la Playa de San Juan aseguró a este diario que "no es verdad" que la trabajadora que le ha denunciado a él, a su hijo y a la pareja de éste tuviera reservados los décimos premiados. Además añadió que dijo que los compró una vez supo que estaban premiados. De momento, los décimos premiados están ingresados en una cuenta bancaria a nombre de los detenidos y se ha procedido al bloqueo judicial cautelar de los 540.000 euros, según informó ayer la Comisaría.
El propietario de la administración estaba indignado al salir del juzgado de guardia a última hora de la mañana de ayer y relató a este diario que los décimos premiados estaban dentro de un grupo de 68 que por "un error" no se pudieron devolver a tiempo a la ONLAE y por tanto es el establecimiento de loterías quien tiene que quedárselos y pagarlos. Por ello, el lotero considera que los décimos premiados son de su propiedad porque no es verdad que estuvieran reservados a nombre de la madre de la trabajadora que los reclama por la vía penal. "¿Cuándo ha visto usted a alguien comprar décimos premiados tras el sorteo?", planteó el lotero para explicar lo sucedido y dejar claro que los reservó tras la celebración del sorteo.
La comparencia de los tres loteros se realizó ayer en el juzgado de guardia de Alicante, donde la fiscal, tras estudiar el caso, decidió no solicitó ninguna medida preventiva contra los detenidos. El juzgado de Instrucción número 7 asumirá las diligencias.
La Comisaría de Policía difundió ayer un comunicado sobre los hechos en el que relata la trabajadora de la administración de la Playa de San Juan se personó en dependencias policiales y denunció que el pasado 16 de abril -día que tocó el primer premio con el número 63706- su madre decidió quedarse los décimos que no habían podido vender ni anularlos por haberse pasado el plazo y le reservó 68. Los décimos no llegaron a ser abonados -costaban 480 euros- pero la adquisición "se anotó en la contabilidad de caja", según denunció la trabajadora a la Policía.
Según la información facilitada por la Policía, la denunciante explicó que una vez se celebró el sorteo supo que 9 de los 68 décimos habían resultado premiados con 60.000 euros cada uno, por lo que le correspondían 540.000 euros.
La denunciante asegura que fue a la administración a recoger los décimos y su compañera de trabajo le manifestó que "pertenecían a la administración al no haber abonado su importe, pese a que los había reservado y anotado en caja su adquisición", señala el comunicado de la Policía.
La investigación ha sido realizada por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial.
