El edil de Hacienda, Juan Zaragoza, asegura que su participación en el pago de la expropiación de una parcela en el polígono industrial de La Florida por casi 3 millones de euros cuando inicialmente fue valorada por medio millón por parte del Ayuntamiento se limitó a "llegar a un acuerdo" con los propietarios "a petición de la Gerencia de Urbanismo" y para evitar un mayor perjuicio "por los intereses de demora".

"Yo me limité a negociar con los propietarios logrando una rebaja con respecto a lo que estableció el Jurado de Expropiaciones y lo hice con el conocimiento de la alcaldesa y cumpliendo las órdenes que me dio", asevera el edil, al tiempo que añade que "sólo envié la propuesta de acuerdo para que la Gerencia de Urbanismo la asumiese o la rechazase". Zaragoza asegura que no tuvo nada que ver y que, ni siquiera, firmó él los pagos que ya se han realizado. Incide en que el acuerdo se alcanzó para evitar mayores quebrantos y que en la parcela se levanta un edificio de varias plantas.

Como se recordará, el Ayuntamiento de Alicante expropió un terreno de 900 metros cuadrados, propiedad de Autos Florida, para destinarlo a la Vía Parque. El propietario cuantificó el terreno en cerca de 5 millones, mientras que la valoración municipal fue de medio millón. Mientras, el Jurado Provincial de Expropiaciones la cuantificó en casi tres millones. Zaragoza indica que el proceso comenzó en el año 2000 y que no fue hasta 2009, "a requerimiento de la Gerencia de Urbanismo", cuando se reunió, junto a responsables de esta gerencia, con los propietarios para llegar a un acuerdo "que evitara llegar a los juzgados y un mayor quebranto" para las arcas públicas. Al respecto, señala que los dueños "aceptaron una rebaja de 200.000 euros de la cantidad establecida por el Jurado y renunciar a los intereses".

Asegura que fue "posteriormente a ese acuerdo y no antes" cuando se emitió un informe municipal en el que se acordaba recurrir a los tribunales al considerar excesiva la valoración del Jurado. Este informe entraba en contradicción con el acuerdo alcanzado con los propietarios y, después, otro técnico de Urbanismo realizó un nuevo informe dando como bueno el citado acuerdo y anulando el anterior decreto. Zaragoza sostiene que no tuvo "nada que ver" en la solicitud de este nuevo informe ni del primero.