El Ayuntamiento expropió una parcela valorada por la Gerencia Municipal de Urbanismo en medio millón de euros. El Jurado Provincial de Expropiación la cuantificó en casi tres millones. Ante tan brutal diferencia el Ayuntamiento decidió acudir al Contencioso. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, la novedad de este caso es la mediación de Juan Zaragoza, que provocó que el Ayuntamiento diera marcha atrás, retirara la impugnación y pagara al expropiado los casi tres millones, con una reducción de 200.000 euros. Eso sí, como el departamento municipal de expropiaciones insistía en no pagar más del medio millón, se recurrió a otro técnico.
La parcela en cuestión tiene una superficie de 900 metros cuadrados, está situada en el polígono industrial de La Florida y está afectada por el tramo que queda por ejecutar para completar el viario del antiguo camino de Elche. La parcela está ocupada por el taller de Autos Florida y fue valorada por la gerencia de Urbanismo en 521.773 euros. Por parte de la propiedad la valoración fue de 4.788.064 euros. Finalmente, el Jurado Provincial de Expropiación determinó un precio de 2.930.538 euros. La diferencia tan exagerada en la valoración estriba en que el Ayuntamiento estima que el suelo a expropiar está destinado a viario público y no tiene, por tanto, aprovechamiento lucrativo. Por el contrario el Jurado Provincial entiende que el suelo debe valorarse como edificable para evitar agravios comparativos con otros propietarios de suelo vecinos no afectados por el viario a construir.
Tras la resolución del Jurado Provincial, el departamento de expropiaciones de la Gerencia de Urbanismo se reitera en la valoración municipal y ante la gigantesca diferencia existente se opta por acudir a los tribunales. Así, el 24 de noviembre el Ayuntamiento, mediante decreto de la alcaldesa, Sonia Castedo, decide interponer recurso contencioso-administrativo apoyándose en que el Jurado de Expropiaciones ha prescindido de los criterios legales establecidos y no ha motivado su resolución.
Es por estas fechas cuando entra en escena el concejal de Hacienda. Así, un oficio de Juan Zaragoza del 10 de noviembre de 2009 acuerda pagar al representante de Autos Florida, los casi tres millones de euros, aunque con una reducción de 200.000 euros. El acuerdo, por tanto, choca frontalmente con el informe municipal y el recurso interpuesto dos semanas antes. El gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, estuvo presente en algunas de las negociaciones.
Este acuerdo, sin embargo, es rechazado por el departamento de expropiaciones, que se ratifica en no pagar más de medio millón de euros, por lo que a Zaragoza no le queda otra solución que conseguir otro informe municipal que le respalde, cosa que consigue de un técnico de Urbanismo con la mediación de Enrique Sanus. De esta forma logra que el Ayuntamiento dé marcha atrás y que la alcaldesa revoque su decreto en el que acordaba el recurso ante los tribunales. Eso sí, pagando casi seis veces más de la valoración municipal.
Una cuestión de "criterios"
El informe en el que se apoya Juan Zaragoza justifica pagar casi tres millones de euros porque considera más viable el criterio del Jurado Provincial de expropiación, que "se basa en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo" que el criterio del departamento de expropiaciones, que se apoya en el artículo 29 de la Ley del Suelo "consistente en el valor de la media ponderada de los aprovechamientos". No obstante el informe no es concluyente y admite que "pueden existir circunstancias" que aboguen por mantener el recurso, y también por "el desestimiento".
