El caso Mercalicante ha entrado esta semana en su recta final tras una dilatada instrucción que ha durado la friolera de nueve años. Durante este tiempo, dos fiscales han estado asignados al caso y con una visión diametralmente opuesta sobre los hechos. El escrito de calificación que esta semana el fiscal Anticorrupción Felipe Briones ha presentado ante el juzgado de Instrucción número uno de Alicante ofrece conclusiones muy diferentes a las de su predecesor en el caso, el anterior fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero. Mientras que Romero consideraba al exgerente de la empresa mixta, José Emilio Clavero, el principal responsable del agujero contable de hasta seis millones de euros de la mercantil, para Briones la gestión estuvo respaldada por la comisión ejecutiva. Anticorrupción sostiene que muchas de las presuntas irregularidades que pudo cometer el exgerente de la mercantil José Emilio Clavero contaban con el respaldo de este órgano. Si la Audiencia y el TSJ han exonerado a los políticos de estos delitos, entonces, argumenta el fiscal, no se puede acusar por ellos a Clavero.

Por ello, la pena que se reclama es de cuatro años de cárcel. La cifra contrasta con la del Ayuntamiento de Alicante, que ejerciendo la acusación particular, ha pedido hasta 22 años de prisión para el exgerente de la empresa y sí que le imputa algunos de los delitos que el fiscal dice que no se le pueden atribuir.

Cerca de seis años separan los escritos de los dos fiscales. El de Romero fue presentado en el año 2005, cuando éste se tenía que pronunciar sobre la personación en la causa como acusación particular del Partido Socialista. El entonces fiscal jefe era contrario a que se admitiera, al argumentar que se trata de "un intento partidista de politizar un tema en el que lo único que existe es que por el principal imputado, el señor Clavero, sin connivencia alguna de sus principales, ha destinado fondos públicos a intereses particulares en su exclusivo beneficio". Para Romero, la querella se basaba "en una hipotética falta in vigilando o bien en un delito se supone societario para el que es necesario la denuncia de una persona agraviada, que aquí no se ha producido".

El informe del fiscal causó en su día una gran polémica que acabó con la retirada de éste del caso. La recién creada Anticorrupción asumió la investigación en el que fue el primer asunto que llevó oficialmente. Felipe Briones sí estuvo de acuerdo con la querella al resto de miembros de la comisión ejecutiva. Esto provocó la imputación del entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, el concejal Juan Zaragoza y el exedil José María Rodríguez Galant, así como de los técnicos de Mercasa que integraban la comisión ejecutiva. Tanto la Audiencia como el TSJ sobreseyeron la causa para estos miembros de la comisión al estimar que los hechos que pudieron cometer por falta de vigilancia no son delito.

La decisión ha dado al traste la línea de argumentación que llevaba la Fiscalía Anticorrupción que sostenía que Clavero contó con el respaldo de la comisión ejecutiva. Por este motivo, el fiscal dice que no se le puede imputar ni por las inversiones en bolsa y los patrocinios deportivos pagados con los fondos de Mercalicante, ni por las fallidas inversiones para implantar el mercado electrónico, ni por las irregularidades de los contratos de alquiler para las naves frigoríficas. Briones sólo imputa a Clavero en los casos en los que, a su juicio, usó el dinero de la empresa para sus fines particulares y pide una indemnización de 301.458 euros para la mercantil.

El turno para los letrados de la defensa

Una vez que se hayan presentado todos los escritos de acusación en el caso Mercalicante, será el turno para que las defensas aporten los suyos. Todos los querellantes han trasladado esta semana sus informes al juzgado, con la excepción de Mercalicante que ha pedido unos días más por cuestiones técnicas. Según las fuentes consultadas por este diario, está previsto que el titular del juzgado dé un plazo de diez días a cada parte para que aporten sus conclusiones provisionales. Por el momento, el magistrado Gordiano Casas está siendo inflexible con los plazos. Después del tirón de orejas que el Tribunal Superior de Justicia dio a su juzgado por los retrasos que acumulaba la instrucción, que ya suma nueve años, el juez no está dispuesto a que haya más demoras. A todas las acusaciones les dio un plazo de dos semanas para que presentaran sus informes a la vez. De hecho, rechazó expresamente una solicitud por uno de los letrados en la que se le pedía una ampliación. En el caso de las defensas, tendrán que aportar sus escritos de uno en uno. Dado que hay nueve imputados en la causa, se estima que en algo más de tres meses todas las partes ya se habrán pronunciado y tan solo quedará proceder a la apertura del juicio oral. Dadas las condenas que se reclaman para los acusados, el asunto tendrá que enjuiciarse en un juzgado de lo Penal y no en la Audiencia Provincial. Otro asunto es cuándo se va a poder poner fecha, ya que en estos momentos las agendas de estos juzgados están llenas hasta julio del año 2012. Además será complicado poder cuadrar fechas, ya que se espera que se trate de un proceso largo de varios días de duración. J. A. M.