El sistema sanitario español está reconocido como uno de las mejores del mundo. Pero, ¿necesita nuestra sanidad modernizarse, adaptarse a las nuevas realidades sociales?

El de la maternidad es uno de los terrenos en los que más cambios se han producido en las últimas décadas. Madres cada vez más mayores, problemas de infertilidad o familias monoparentales.

Hace unos años que la reproducción asistida entró en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Pero la realidad parece ir varios pasos por delante.

La polémica saltó esta semana, cuando la Consejería de Sanidad de Asturias denegó la inseminación artificial a una lesbiana argumentando que este tipo de tratamientos se hace cuando hay un diagnóstico de infertilidad y que este no es el caso.

La afectada, Silvia García, asegura sentirse "humillada" y considera que la están "empujando" a tener relaciones sexuales con un hombre para quedarse embarazada de forma natural.

En la Comunidad Valenciana la situación parece ser distinta. Según señalan desde la Conselleria de Sanidad, aquí "se aplican estos tratamientos en parejas homosexuales siguiendo lo establecido en la cartera de servicios del SNS. Si la mujer tiene un problema de infertilidad se aplica fecundación in vitro. Si no hay problema de infertilidad se aplica inseminación". Todos los casos, añade Sanidad, "en los que no hay problema de transmisión de una enfermedad hereditaria al futuro hijo, ya sean en parejas homosexuales o heterosexuales, no se consideran prioritarios. En este sentido, se realizan antes aquellos en los que hay prioridad médica, como transmisión de enfermedades genéticas al hijo o necesidad de preservar la fertilidad antes de un tratamiento oncológico". Sin embargo, la edad límite de estos tratamientos, 39 años, y la larga lista de espera para acceder a ellos ha motivado las quejas de usuarios. En este sentido, el Síndic de Greuges planteó recientemente a Sanidad que la edad no fuera un factor para excluir de forma automática a las mujeres de estos tratamientos.

Volver a tener un hijo

Pero además de las familias monoparentales, las separaciones están a la orden del día. En este sentido, quien desee hacerse una vasectomía o una ligadura de trompas para no tener hijos se lo tiene que pensar dos veces. La Seguridad Social prácticamente no cubre la reversión de estas intervenciones en caso de que se conozca a una nueva pareja y se quiera volver a formar una familia.

Y aunque parezca una contrariedad, Sanidad costea operaciones para no tener hijos pero hasta el momento, los anticonceptivos no estaban financiados. El pasado día 19, la Ministra de Sanidad, Leire Pajín anunció que el Sistema Nacional de Salud financiará a partir de ahora tres anticonceptivos. Dos ellos son comprimidos y el otro es un implante subcutáneo. Una medida que ya ha recurrido la asociación del Defensor del Paciente, "porque dos de estos anticonceptivos acumulan hasta 4.000 demandas por los graves efectos secundarios que ocasionan", señala su presidenta, Carmen Flores.

Con todas sus carencias, el terreno de la reproducción asistida y de la ginecología no es el más deficitario dentro de la sanidad pública. La boca es, quizás, la zona del cuerpo más abandonada por nuestro sistema sanitario que "prácticamente sólo cubre las extracciones y la salud bucodental infantil", explica Flores. En este sentido, añade la presidenta de Defensor del Paciente, "somos uno de los países de Europa con la población más desdentada porque hay muchos ancianos que no pueden acceder a tratamientos para ponerse unos implantes o una dentadura". Una asistencia "que debería estar garantizada para los ancianos, los niños y las persona sin recursos y parcialmente financiada para el resto de la población". No es posible, añade Flores, "que los dentistas de la Seguridad Social sólo estén para extraer muelas".

Y es que el envejecimiento de la población planeta una puesta al día de la Seguridad Social. "Los audífonos se utilizan cada vez más y sólo están parcialmente cubiertos, por lo que los ancianos tienen que hacer frente a un gran desembolso que no todos se pueden permitir". También la podología menor queda fuera de la sanidad pública.