Tres barrios de la ciudad de Alicante concentran prácticamente el 90% de las viviendas embargadas por los juzgados o sobre las que hay pendiente una orden de desahucio, según los datos aportados por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Alicante. Se trata de los barrios de Juan XXIII, Carolinas y Virgen del Remedio, donde los impagos de hipotecas, alquileres y otras deudas han causado estragos a cientos de familias. Solo durante el primer trimestre de 2011, los juzgados han emitido cerca de 400 órdenes de desahucio en esos distritos de las 472 que se enviaron en total al Servicio Común para su ejecución, según los datos estadísticos aportados a este diario por el citado servicio.
Las comisiones judiciales encargadas de notificar los embargos y órdenes de desalojo dictadas por los jueces en el partido judicial de Alicante -Alicante capital, San Joan d'Alacant y El Campello- centran su actividad en los citados barrios, donde casi a diario se producen salidas de funcionarios que acuden a ellos para ejecutar los desahucios o notificar embargos a pie de calle. Pisos que se quedan los bancos y que salen a subasta pública, deudas consecutivas del pago de alquileres, morosidad en las comunidades de vecinos y embargos por reclamación de deudas han hecho de estos tres distritos alicantinos la zona "caliente" de los embargos de la ciudad.
Aunque las deudas afectan a todo tipo de viviendas y construcciones, lo cierto es que las comisiones judiciales trabajan mayoritariamente en estos puntos de la ciudad. En la zona de la playa de San Juan se ha notado un leve repunte en el número de embargos.
Las cifras sobre la situación económica de las familias que tienen que hacer frente a pagos de viviendas hablan por sí solas. Durante el primer trimestre de 2011, los juzgados han recibido para su ejecución 472 órdenes de desahucio, el doble que el año pasado, cuando en el mismo periodo se recibieron 263. Con esta tendencia al alza en el número de desahucios y lanzamientos -que proliferan como setas debido a que ahora se están ejecutando los embargos que se dispararon con los primeros años de la crisis- el ejercicio actual dejará a más de 1.500 familias en la calle por no poder abonar la casa que adquirieron o alquilaron o el negocio donde pusieron sus ilusiones. Este desbordamiento de la situación llevó al responsable del Servicio Común de Notificaciones y Embargos, Pedro Luís Sánchez, a crear el pasado mes de enero una comisión judicial con funcionarios dedicados solamente a la ejecución de desahucios para especializarlos en esta materia.
Mientras el número de desalojos aumenta a pasos agigantados, el de embargos lo hace de forma menos vertiginosa. En el primer trimestre de 2011, los juzgados tramitaron 765 embargos, 47 más que en el mismo periodo del año anterior.
Bajan los embargos por la dificultad para cobrar
El número de embargos en el partido judicial de Alicante experimentó durante el año pasado un descenso después de tres años consecutivos disparándose como consecuencia de la crisis económica y el desempleo. Una de las causas que apuntan distintas fuentes son los muchos embargos a los que está sometido el deudor, al que después de embargarle varias propiedades por distintas deudas ya no le queda nada, por lo que los acreedores optan por desistir y renunciar a la presentación de una demanda ejecutiva, ya que se sabe que ésta no va a ser efectiva porque materialmente es imposible abonar la deuda contraída. Durante 2007, los juzgados alicantinos notificaron 1.661 embargos; en 2008, 2.198; en 2009 se dispararon hasta 3.055 y en 2010 se quedaron por debajo de los 3.000.
