Mientras los proveedores de la Generalitat esperan meses y meses para poder cobrar y a las farmacias se les están abonando ahora las recetas de febrero, el Consell, sin embargo, autorizó el pago de la última factura que abonó a Orange Market -la filial valenciana de la trama Gürtel- por valor de 606.000 euros -101 millones de las antiguas pesetas- en un tiempo récord, tal y como se desprende del análisis de la documentación que desveló ayer el síndic del PSPV en las Cortes, Ángel Luna. En poco más de un mes, la mercantil vinculada a Francisco Correa y dirigida por El Bigotes presentó la minuta a la conselleria de Turismo y recibió la autorización del abono. Por contra, los proveedores de la Generalitat tardan, como media, cinco y seis meses para poder cobrar los servicios que prestan a la administración autonómica.

Por eso, si cabe, llama especialmente la atención la premura con la que la Generalitat atendió a esa última factura registrada por El Bigotes como epílogo, con el escándalo Gürtel ya en pleno apogeo, de la relación entre el Gobierno de Francisco Camps -imputado por un presunto delito de cohecho pasivo impropio por el caso de los trajes- y el entramado corrupto de Francisco Correa y Pablo Crespo, los dos cabecillas de la trama, junto a El Bigotes como delegado para sus negocios en Valencia. Las amarras ya estaban cortadas. "La trama Gürtel cobró en un mes, lo que contrasta con los impagos, un tema que -aseveró Ángel Luna- es realmente preocupante para muchas empresas de la Comunidad y para muchos ciudadanos".

Efectivamente, tal y como consta en la documentación, Orange Market, la empresa que se adjudicó en exclusiva los contratos para organizar la presencia de la Comunidad en Fitur durante casi un lustro, presentó a la Agencia Valenciana de Turismo una factura el 1 de junio de 2009 por un montante de 606.100 euros -522.500 euros más 83.600 del IVA- correspondientes a los servicios prestados en la edición de Fitur de ese mismo año. La carta de abono -con cuño de "pagado"- es del 2 de julio de 2009, apenas un mes más tarde. La transferencia, por tanto, se realizó cinco meses después de que el 6 de febrero de ese año, el juez Baltasar Garzón desmantelara la red, ordenara el registro de las oficinas de Turismo y, a su vez, el arresto de Correa, Crespo y El Bigotes. Desde el Consell, por su parte, acusaron a los socialistas de "faltar a la verdad" y de intentar "manipular" la documentación. "Previo informe de la Abogacía de la Generalitat, lo que se hizo con este pago fue resolver un contrato con un proveedor seis meses después de la ejecución del servicio", apuntaron estas fuentes.

Mientras, por contra, un taller de formación de aparado -una rama de producción de calzado- en Elche ha tenido que cerrar sus puertas ante el impago por parte de la conselleria de Economía de subvenciones por valor de 617.000 euros -una cantidad parecida a la que se abonó en tiemp0 récord a El Bigotes- para financiar los cursos que se imparten en el centro desde 2002, según explicó la directora de la escuela, Mercedes Torres. "Hemos sufrido acoso y amenazas por parte de funcionarios del Servef, que se han dedicado a acumular la documentación y los avales, con lo que han hecho mucho daño al local", apuntó la responsable del centro que venía funcionando desde 1998. "Ya no hemos podido resistir ni económicamente ni psíquicamente", agregó.

Con ello, la directora de la escuela de aparado indica que, inicialmente, emprenderá acciones legales y judiciales contra tres funcionarios del Servef porque "han entorpecido los trámites y han retrasado los pagos" y los abogados serán quienes valoren si también actúa contra la Generalitat. La directora de la escuela de aparado también destaca que el 80% de las ayudas que han recibido desde que las instalaciones están abiertas provienen del Servef, que homologó al taller con el certificado de calidad ISSO y el resto de las subvenciones han llegado del Ayuntamiento de Elche y otras entidades privadas, como, por ejemplo, la ONCE. "Los funcionarios del Servef me han llegado a decir que si solicitaba más cursos irían a por mí", concluyó Mercedes Torres.

"Zapatero quiere que aparezcamos como despilfarradores"

El conseller de Economía, Gerardo Camps, ratificó, por su parte, su intención de denunciar al Gobierno de Madrid para reclamar 633 millones extras y acusó a Zapatero de "centrifugar" el déficit entre las comunidades para que "aparezcamos como despilfarradores". "Si no se producen los ingresos reclamados la financiación per cápita de los valencianos se alejará más de la media", aseveró. Gerardo Camps defendió las emisiones de deuda -1.200 millones en los últimos tiempos para pagar a proveedores antes de las elecciones- y aseguró que los acreedores de la Generalitat "no entenderían que no se emitiese deuda pública para agilizar los pagos". "Parte de estas emisiones corresponden a autorizaciones de 2010 sin utilizar y que, en cualquier caso, cumplen con el plan de reequilibrio financiero y con los límites establecidos", dijo. redacción