Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia son las comunidades autónomas con mayor número de candidatos a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo que están imputados en casos de corrupción, prevaricación urbanística, cohecho o tráfico de influencias. En el conjunto del territorio nacional, más de un centenar de aspirantes, incluido el presidente Francisco Camps, están relacionados con causas judiciales de este tipo. Los dos grandes partidos acumulan más del 80 por ciento de los nombres con causas pendientes con la justicia, mientras que el resto pertenecen a IU, CiU y pequeños partidos.
Aunque no es la comunidad con mayor número de imputados en las listas para los comicios de mayo -algo más de una decena-, el caso de la Comunidad Valenciana es de los más conocidos por las ramificaciones que ha tenido en la política nacional. El caso Gürtel afecta desde al presidente Camps, candidato a la reelección, hasta diputados regionales. El jefe del Consell está imputado por un presunto delito de cohecho impropio por recibir trajes de la trama a cambio de contratos millonarios. Detrás de él, en las listas a las Cortes aparecen varios implicados, ya que no todos están imputados: Milagrosa Martínez, actual presidenta de la Cámara y número tres en la lista de Alicante; Vicente Rambla, número cuatro por Castellón; Ricardo Costa, número siete por Castellón; David Serra, número diez por Alicante; y Yolanda García, número 19 también en la candidatura alicantina.
En la provincia también ha estallado el caso Brugal, en el que se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación del contrato público de gestión de los servicios de recogida de basuras en la Vega Baja. En esta causa figura imputado el número dos en la lista a la Alcaldía de Alicante y presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, mientras que la alcaldesa, Sonia Castedo, y Luis Díaz Alperi, número cuatro en la lista alicantina a las Cortes, están implicados.
Andalucía, a la cabeza
Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de imputados -más de 30-, y Málaga es la provincia más afectada por casos de corrupción, con hasta 15, 11 de ellos del PSOE, tres del PP y uno de IU. El caso de Alhaurín el Grande es quizá el más significativo, con su alcalde, Juan Martín Serón (PP), imputado por cobrar a cambio de conceder licencias urbanísticas, si bien también está acusado el concejal socialista Cristóbal Bonilla. A Málaga le siguen Sevilla, Granada y Almería, con unos 15 imputados en total.
