Agentes de la Policía Judicial registraron ayer el despacho que comparten en Alicante el abogado y exconcejal socialista Javier Gutiérrez, y el también letrado José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante y número uno de las candidaturas del PP a la Alcaldía de la ciudad y a las Cortes Valencianas, Sonia Castedo.
El registro se llevó a cabo por orden del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular, Manrique Tejada, investiga la pieza separada del caso Brugal que tiene que ver con supuestas irregularidades en el del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, plan que empezó a elaborarse siendo alcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi y concejal de Urbanismo la actual alcaldesa.
Los agentes, que aseguraron proceder en el curso de una "inspección rutinaria" ordenada por el citado juzgado, se llevaron de las oficinas, situadas en la popular Casa Salvetti de Alicante, de la que toma su nombre la empresa constituida por Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, abundante documentación relacionada con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, aunque toda ella es ya en estos momentos información de dominio público.
La Policía se incautó también durante el registro de dos ordenadores que se encontraban en las oficinas, aunque antes de su retirada permitieron que el personal de la empresa copiara los discos duros para no perder información contenida en los mismos y que, según ellos, es necesaria para el funcionamiento del bufete.
El magistrado Manrique Tejada investiga varios presuntos delitos en la confección del Plan General de Alicante que se habrían descubierto a raíz de la intervención de distintos teléfonos, entre ellos el del empresario Enrique Ortiz, como consecuencia del sumario abierto en Orihuela para determinar si hubo irregularidades en la concesión de una planta de basuras de la comarca al citado empresario y al también industrial oriolano Ángel Fenoll por parte de la Diputación Provincial que preside José Joaquín Ripoll, imputado en ese caso y número dos de la candidatura de Alicante del PP.
Como consecuencia de esas escuchas se apreciaron otros posibles delitos distintos al que originó el caso y que fueron remitidos por el juez de Orihuela Carlos Sanmartín, en piezas separadas, a distintos juzgados de la provincia, entre ellos el que preside el juez Tejada.
En este caso, entre otros se investiga un posible tráfico de información privilegiada para beneficiar supuestamente a Enrique Ortiz y la recepción de favores a cambio.
La Policía ha investigado el patrimonio del que era alcalde cuando el plan comenzó a gestarse, Luis Díaz Alperi, y también el de la que entonces era edil de Urbanismo y hoy alcaldesa, aunque en este último caso el primer informe de los agentes no aprecia enriquecimiento irregular en su patrimonio.
El despacho que comparten los letrados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo aparece, de acuerdo con las escuchas, en el centro de esta investigación al sospechar la Policía que desde él se manejó información privilegiada respecto al futuro ordenamiento urbano de Alicante.
El magistrado Manrique Tejada tiene que citar a declarar a Alperi y a la alcaldesauna vez concluya sus indagaciones.Pero Alperi tiene en estos momentos la condición de aforado por ser diputado de las Cortes Valencianas y figura en puesto de salida en la candidatura que ahora se presenta, con lo que una instrucción contra él sólo podría ser llevada a efecto por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, y Sonia Castedo adquirirá esa misma condición de aforada una vez tome posesión de su escaño en las Cortes tras las elecciones del próximo 22 de mayo. De hecho, tal como publicó en su día este periódico, el juez tenía previsto llamar a declarar como imputada a la hoy alcaldesa en plena campaña electoral. Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron ayer a este periódico que la citación ya no se producirá y que si la hoy alcaldesa es llamada a declarar lo hará después de que se celebren los comicios.
