Picaresca, que siempre ha existido, y crisis, sobrevenida con especial virulencia en los dos últimos años, han multiplicado por cinco en este periodo el fraude del agua, hasta alcanzar los 400.000 metros cúbicos (m3) y un valor de 600.000 euros anuales sólo para el ámbito de actuación de Aguas de Alicante: la propia capital, San Vicente, Sant Joan, El Campello, Petrer y Monforte, con 296.000 clientes de la compañía suministradora, algo que ha llevado a ésta a reforzar su Servicio de Inspección del Fraude (SIF) para poner coto a los usos fraudulentos, que abarcan un sinfín de técnicas de pirateo, desde las más burdas a las más sofisticadas.

Carlos Serrano y Francisco Agulló, director de Clientes y adjunto al mismo respectivamente en Aguas de Alicante, explicaron ayer a este diario que el SIF es un equipo que lleva muchos años funcionando y que han reforzado en los dos últimos años al detectarse un incremento de posibles usos fraudulentos de caudales, con el añadido de que la potenciación del servicio ha traído consigo el afloramiento de mayor número de casos de fraude.

Las vías por las que frecuentemente se detecta la posible defraudación son las del trabajo habitual del personal encargado de las lecturas del contador, al percatarse de alguna irregularidad en el consumo o en el aparato; al cambiarse un contador por creerse estropeado, y mediante el análisis de históricos de consumo, que se fundamenta en una base de datos muy amplia que mediante un algoritmo avisa de grandes fluctuaciones tanto al alza (posible fuga) como a la baja (posible fraude).

"Cuando hay una importante bajada de consumo pedimos explicaciones y las investigamos, y no siempre encontramos fraude. Empresas que han tenido un volumen importantísimo de consumo han experimentado un descenso brutal en los últimos años, y luego hemos comprobado que en algunos casos se debía a bajada de la actividad por la crisis y en otras ocasiones se había mejorado la reutilización de caudales y la optimización de recursos. De hecho, en los últimos años, tenemos más contratos y menos consumo per cápita, sobre todo gracias a las campañas de concienciación y a la reutilización", aclara Carlos Serrano.

Aguas de Alicante factura el 90 por ciento del caudal que compra al Taibilla. El 10% restante se pierde para la contabilidad en fugas, evaporación y fraude. Teniendo en cuenta esta proporción, la compañía semipública factura actualmente alrededor de 31 millones de metros cúbicos anuales y contabiliza otros 3 millones de m3 en pérdidas, de los cuales, los responsables de Clientes cifran en alrededor de 400.000 m3 los atribuibles al fraude (a 1,5 euros de media el m3), del que se constata fehacientemente la mitad del que realmente se produce. "Los dos últimos años, con la crisis, se ha detectado mayor número de casos, lo que ha llevado a un reforzamiento de la inspección, que, a su vez, ha conducido al afloramiento de nuevos casos", explican los dos directivos de Aguas.

El mayor foco de posible fraude con que se encuentra la compañía deriva de que el 46% de los contadores de su ámbito de actuación se hallan en el interior de las viviendas, "y la gente no está por la labor de abrir sus casas a nadie", por lo que tienen que emprender un proceso de autolectura que puede dar lugar a la picaresca, algo que, advierten, "puede ocasionar sorpresas desagradables" en la factura cuando finalmente se tiene acceso a la lectura real del contador.

Con todo, el pirateo más típico es el de la manipulación de contadores, que se suele dar en chalés con grandes jardines y cuya detección ha dado lugar a lo que califican de "museo de los horrores": desde la perforación del aparato hasta su eliminación pasando por los empalmes y los imanes para ralentizar el funcionamiento. Esta extendida práctica se basa en la regularidad de la fecha de lectura de contadores, que permite deshacer los cambalaches para reponerlos después, algo que la compañía combate con visitas fuera de horario habitual.

Asimismo, han constatado muchos casos de viviendas o locales que se dan de baja por abandono o inactividad y que el nuevo ocupante no vuelve a contratar. Aguas lucha contra esta estrategia incluyendo las bajas en las rutas de lectura.

El boom inmobiliario ahora paralizado generó muchos problemas porque "el contador de obra lo ponían, lo quitaban, aparecía y desaparecía", hasta que se optó por colocarlo en una arqueta especial y precintada.

En las zonas rurales o no urbanizadas se suele optar, a la hora del pirateo, por las acometidas ilegales y los pinchazos directos a la tubería -en un camino o bajo una acera- o mediante "by pass" (desvío antes del contador). Se suelen detectar cuando hay fugas.

También hay constancia de usos indebidos como suele ser la utilización de caudales domésticos para comercios o industrias, el suministro a terceros (como a un vecino por ejemplo) y la utilización de bocas de incendio para llenar piscinas.

Últimamente han proliferado los fraudes en la colocación de descalcificadoras antes del contador, sin tener en cuenta que estos aparatos absorben más agua que la que realmente ofrecen ya tratada.

"La picaresca va evolucionando y hay quien lo hace muy bien", observan Serrano y Agulló, "pero estamos inspeccionando todo Alicante", advierten.

190.000 euros de multa en Urbanova

Unos de los casos más graves que ha registrado Aguas de Alicante tuvo lugar el año pasado en Urbanova, en una de cuyas urbanizaciones se detectó el puenteo de contadores para obtener caudales que luego se destinaban a jardines y piscinas. En los casos de fraude, el reglamento establece que, sin perjuicio de otras responsabilidades, el defraudador debe pagar una sanción por importe del doble del volumen defraudado. En esta ocasión, la urbanización fue multada con 190.000 euros, "una cantidad que acaban pagando los vecinos aunque no sepan nada de lo que está ocurriendo", lamentan los responsables de Clientes de la compañía distribuidora. Para esta próxima semana se espera que esté resuelto el caso del posible fraude detectado en los apartamentos turísticos de lujo de El Plantío, donde todo apunta a que se ha producido un pinchazo de la red, tal y como publicó este periódico el pasado miércoles. Si se confirman las mediciones, la defraudación no bajaría de los 100.000 euros y la multa doblaría, por tanto, tal cantidad. J. C.