La incorporación de 106 nuevos policías nacionales a las comisarías de la provincia, cuarenta de ellos a la ciudad de Alicante, ha permitido que la plantilla de la capital alicantina alcance por vez primera el millar de efectivos, según anunció ayer la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, tras dar la bienvenida a los nuevos agentes en compañía del comisario jefe provincial, Enrique Durán.
La subdelegada del Gobierno destacó además que la plantilla provincial cuanta ahora con 2.165 policías nacionales, lo que supone un aumento del 55 por ciento desde el año 2004, crecimiento que solo en la ciudad de Alicante ha sido del 42% en el mismo periodo.
Este incremento de efectivos ha permitido, en opinión de Llinares, obtener unos óptimos resultados en la lucha contra la delincuencia, de tal forma que la tasa de criminalidad en la ciudad de Alicante ha disminuido un 22% desde 2003.
El reparto de los 106 nuevos policías que acaban de jurar su cargo en la academia de Ávila queda de la siguiente forma: 7 se incorporan a la comisaría de Alcoy, 20 a Benidorm, 10 a Elche, 15 a Dénia, 8 a Elda, 6 a Orihuela y 40 a Alicante.
A estos refuerzos hay que añadir los agentes que acaban de llegar en el último concurso de traslados. Son unos 150 y contando los que se han ido fuera de la provincia las comisarías alicantinas ganan 45 policías respecto a la plantilla que había antes de dicho concurso.
Los representantes sindicales de la Confederación Española de Policía (CEP) recibieron a la subdelegada del Gobierno con una pitada frente a la entrada a la Comisaría y Llinares se acercó a los concentrados junto con el comisario jefe. El secretario provincial de la CEP le expuso a la subdelegada la necesidad de más coches para patrullar y Llinares le contestó antes de irse que lo "tendré en cuenta". La subdelegada señaló posteriormente que dicha protesta "no puede ensombrecer un día tan importante como hoy" y afirmó que recogerá sus reivindicaciones.
En el acto de bienvenida la subdelegada dijo a los nuevos policías que son "servidores públicos" y su primer objetivo debe ser "proteger a los ciudadanos".
