El juez del caso Brugal quiere saber por qué la Policía sigue investigando al presidente de la Diputación para, a la vista de las explicaciones, autorizar o denegar las pesquisas que ya estaban realizando los agentes para determinar si el nivel de vida de José Joaquín Ripoll, y el de su familia, era acorde con sus ingresos en el periodo de tiempo que abarca la investigación que está llevando un juzgado de Orihuela sobre el plan zonal de residuos de la Vega Baja. Un asunto por el que Ripoll está imputado por los delitos de revelación de información privilegiada, actividades prohibidas a funcionarios, fraude, tráfico de influencias y cohecho tras atribuirle la Policía y el fiscal un posible beneficio económico como compensación a la ayuda que presuntamente prestó para hacerse con esta instalación al empresario Enrique Ortiz, adjudicatario de la planta.
El magistrado Carlos San Martin dictó el martes una providencia, que ayer ya obraba en poder de algunas de las partes personadas en el caso, en la que pide a la Policía que le informe "de forma detallada" de las actuaciones como paso previo a decidir si las permite o no.
El escrito del juez es respuesta directa a otros dos presentados el 4 y el 10 de marzo por los abogados del presidente provincial del PP en los que se daba cuenta de que agentes policiales estaban recabando información en establecimientos comerciales donde la familia Ripoll había realizado compras.
Tras visitar una tienda de ropa de la que es clienta la mujer de Ripoll, Margarita de la Vega, la voz de alarma sobre las pesquisas la dio un concesionario de coches de alta cilindrada de Alicante, al que los agentes se dirigieron para pedir datos sobre compras de la familia Ripoll desde 2006, un año antes de inicio de la operación Brugal, según precisaron fuentes del caso. Desde esta empresa, donde no se facilitó información alguna a los agentes, se comunicó por escrito al juzgado la petición de los funcionarios, a los que la mercantil envió al mismo tiempo una copia del texto.
La Policía remitió entonces un informe al juez en el que se explicaba que se estaba tratando determinar si el nivel de gastos de Ripoll correspondía a sus ingresos y que, además del concesionario, estaba previsto indagar acerca de la organización y el pago de una fiesta de cumpleaños a la mujer del presidente de la Diputación, así como ampliar la información sobre los gastos de dos viajes, uno de Margarita de la Vega a París y otro de toda la familia Ripoll a Nueva York. Se añadía además otra tienda de ropa de mujer y un establecimiento de tapicerías y cortinas.
Al tener conocimiento del contenido de este escrito, los abogados del presidente de la Diputación se dirigieron al magistrado San Martín para que les explicara si había autorizado estas pesquisas y para preguntarle "de dónde se había sacado el asunto de la fiesta de cumpleaños cuando no consta nada en la documentación que tenemos del sumario", explicaron fuentes del caso que añadieron que todas las actuaciones tienen que ser conocidas y autorizadas por el juez mediante providencias que pueden ser recurridas por las partes. Las mismas fuentes interpretan que "lo que la Policía está haciendo es buscar papeles que corroboren lo que pone en el informe policial porque no encuentran por ningún lado el millón que aseguran que le han dado a Ripoll".
Aunque otras fuentes insistieron ayer en que los agentes disponen de cobertura legal para llevar a cabo estas indagaciones, lo cierto es que el juez les ha pedido unas explicaciones que la Policía tiene que remitir al juzgado antes de diez días.
