La polémica decisión del Gobierno de restringir la velocidad en autovías y autopistas hasta los 110 kilómetros por hora ha nacido con un fin claro: reducir el consumo de combustible. Esta medida ha levantado ampollas en parte de la sociedad y ha generado un torrente de críticas. Sobre todo, porque muchos ciudadanos piensan que se ha llevado a cabo para recaudar más fondos por multas. Ni más ni menos.
Pues bien, aunque diferente, la iniciativa tiene antecedentes similares en la provincia. Sobre todo, en cuanto a su objetivo. Los municipios alicantinos, conscientes de la necesidad de limitar la utilización de combustibles fósiles, han ido renovando en la medida de lo posible sus parques móviles y, de forma paulatina, han adquirido vehículos eléctricos. Sus ventajas son múltiples. Aunque básicamente, se concretan en que no contaminan y en que permiten un considerable ahorro económico. Y ahora, cuando el barril de Brent -de referencia en Europa- alcanza cifras históricas, cualquier mínimo ahorro es de agradecer.
Una de las localidades que ha apostado decididamente por impulsar políticas medioambientales es Benidorm. La concesionaria de la limpieza de la ciudad (FCC) adquirió el pasado mes cuatro vehículos eléctricos, por imposición del equipo de gobierno, para dar servicio a las calles del casco antiguo. "Son vías más estrechas en las que hay más concentración vecinal. Por eso se han comprado máquinas que no hacen ruido y que no contaminan nada", explicaron ayer desde el equipo de gobierno benidormí, dirigido por Agustín Navarro. El Consistorio además ha obligado a la empresa a que todos los vehículos que adquiera a partir de ahora sean de este tipo.
Alicante tampoco ha querido quedarse atrás y está planeando una iniciativa que permitirá ahorrar miles de euros anuales. La alcaldesa, Sonia Castedo, y el concejal de Tráfico, Juan Seva, ya han trasladado a la concesionaria del servicio de transporte público que la intención del Ayuntamiento es que "dentro de unos años" todos los autobuses sean eléctricos, en palabras del edil.
Seva también detalló que la Corporación tiene sellado un convenio con la mercantil para que cada cinco años vaya renovando una "proporción importante" de su flota. "Los vehículos cada vez contaminan menos", añadió. Además, el responsable de Tráfico en la ciudad quiso poner en valor el tranvía: "Es una apuesta que hizo la Generalitat hace 10 años y ha demostrado ser un gran acierto, porque miles de personas ya no utilizan tanto sus coches privados y, por tanto, se contamina menos".
Transporte gratuito en Elche
En Elche, el equipo de gobierno de Alejandro Soler también ha tomado varias medidas a lo largo de la legislatura. La primera de ellas, promovida tras los comicios de 2007, pasó por fijar la gratuidad del servicio de transporte público para los mayores y los estudiantes. "Estamos convencidos de que la medida fue muy positiva, porque así ayudamos a los pensionistas y concienciamos a los jóvenes a utilizar menos el coche", detalló ayer el portavoz socialista, Alejandro Pérez. Elche además ha aprobado dos bonificaciones fiscales para los vehículos de tecnología híbrida (50%) y para los eléctricos (75%, el máximo legal permitido).
Estas iniciativas no son exclusivas de las grandes ciudades, pese a que ellas sí que son las que más contaminan. En Sant Joan d'Alacant, por ejemplo, el Ayuntamiento compró en febrero de 2010 un coche eléctrico para labores de mantenimiento. En agosto de ese año, El Campello hizo lo propio y destinó el coche a políticas de concienciación. En Callosa de Segura, en la Vega Baja, se han adquirido recientemente dos vehículos eléctricos para el área de Servicios. Y así, en multitud de localidades de la provincia.
La Diputación también se ha querido sumar a esta ola para reducir la contaminación y el uso de combustibles. Su vicepresidenta primera y responsable de Parque Móvil, Mari Carmen Jiménez, explicó ayer que la institución lleva varios meses reduciendo "considerablemente" el uso de los vehículos oficiales.
Todos estos ejemplos demuestran además que la provincia está concienciada con el medio ambiente desde mucho antes de que la Federación Española de Municipios y Provincias sellara un acuerdo con el Ministerio de Industria para reducir a la mitad, aproximadamente, el uso de los distintos parques móviles españoles. Ese convenio vio la luz a principios de este mes y persigue el mismo objetivo que la restricción de velocidad aprobada por el Estado: recortar el consumo de gasolina y diésel.
Aunque las administraciones locales, provincial y autonómica no han recibido todavía notificación alguna al respecto, si optan por aplicar esta medida su ahorro será elevado. Sobre todo, porque sus parques móviles son amplios. La Generalitat cuenta con una flota de 1.386 vehículos; la Diputación con 120; las Cortes con 17; el Ayuntamiento de Elche con 358; y el de Benidorm, con 71, entre otros.
Al margen de ese dinero que puedan dejar de gastarse, resulta curioso ver algunos de los precios de los coches oficiales que utilizan algunos políticos. Sobre todo los Audi A8 que emplean el jefe del Consell, Francisco Camps, la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, o la alcaldesa de Valencia. Esta última adquirió hace años uno blindado por 267.000 euros.
