Una ciudadana búlgara lleva ingresada más de dos semanas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia -donde los normal es que solo haya ciudadano extracomunitarios- por orden de un juzgado de Elche que ha autorizado su reclusión en estas dependencias para que la Policía Nacional proceda a su expulsión de España en el plazo máximo de sesenta días por considerarla una amenaza para la seguridad al haber sido detenida por robo de carteras en nueve ocasiones en el plazo de un año y medio.
La expulsión de ciudadanos de países de la Unión Europea solo se puede realizar en casos excepcionales por razones de orden público o de seguridad pública y desde que se publicó en 2007 el decreto que regula esta posibilidad solo se había dado en la provincia otro caso similar, mientras que en todo el país han sido 56 los comunitarios que han sido enviados a sus respectivos países. Fuentes jurídicas indicaron que se han abierto otros expedientes similares pero aún no han sido aprobados.
La primera expulsión de un ciudadano comunitario se produjo el pasado año y se trataba de un súbdito rumano implicado en delitos contra la libertad sexual. En este nuevo caso se trata de una joven búlgara de 21 años considerada en medios policiales como carterista y que en un año y medio ??-desde diciembre de 2008 hasta que se acordó su expulsión en junio de 2010- ha sido detenida en ocho ocasiones por hurto y una vez por un robo con violencia.
La sanción de expulsión y prohibición de entrada en España durante tres años fue acordada por la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, una de las ciudades donde fue detenida y en la que la Policía inició el expediente. Las detenciones de la joven búlgara fueron realizadas además de Valladolid en Elche, Torremolinos, Fuengirola, Murcia, Alicante, Valencia y Cehegín.
La abogada Mariana Ivanov ha recurrido en los juzgados de Elche el internamiento de la joven en el CIE y alega que no se ha tenido en cuenta su condición de ciudadana de la Unión Europea para privarla de libertad. Dicho internamiento provoca, según señala el recurso, "una inseguridad jurídica para los extranjeros comunitarios que se encuentran en territorio español". El acuerdo de expulsión también está pendiente de que sea resuelto un recurso por la vía contenciosa-administrativa.
El Real Decreto 240/07 sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la Unión Europa permite la expulsión o devolución de ciudadanos de un país comunitario, pero según la abogada de la joven solo se puede aplicar si "existen motivos graves de orden público o seguridad pública".
Dicho decreto precisa textualmente que la conducta personal "deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad". Igualmente añade que "la existencia de condenas penales anteriores no constituirá, por sí sola, razón para adoptar dichas medidas".
En el caso de la joven búlgara solo tiene antecedentes policiales y no ha sido juzgada por ninguno de los hechos que provocaron sus detenciones. Según su abogada, se está aplicando de forma indebida el Real Decreto 240/07 porque se trata "de hurtos no es un caso de terrorismo o de otros delitos graves".
Por contra, la resolución de expulsión señala que "el comportamiento personal de la expedientada constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a la convivencia social y al orden público". Pese a tratarse de hurtos, señala el acuerdo de expulsión que la joven carece de arraigo familiar y sociolaboral, no tiene medios lícitos de vida y "la actividad contraria al orden público ha sido llevada a cabo en año y medio evidenciando reincidencia, habitualidad y continuidad"
El juzgado de Instrucción número 4 de Elche señala en el auto de internamiento dictado el pasado 22 de febrero que se acuerda con el fin de "evitar la frustración de la sanción dada la ausencia de arraigo en territorio nacional", ya que además debido a su "gran movilidad se dificultaría su localización para proceder a su expulsión".
