Francisco Camps se ha autoimpuesto modificar algunas de sus políticas. Al menos, eso se desprende del manifiesto que el jefe del Consell rubricó este pasado sábado en la convención del PP en Palma. En ese texto, una especie de decálogo de los populares, se ponen sobre la mesa propuestas serias, concretas y contundentes que, en algunos casos, se sitúan en las antípodas de la gestión del presidente y su equipo. Sobre todo, en cuanto a la transparencia.
PSPV y Compromís (Bloc-Iniciativa-Verds) se han desgañitado reclamando los contratos del Ejecutivo autonómico con la trama Gürtel, pero sólo han obtenido la callada por respuesta. Tanto es así, que incluso el Tribunal Constitucional ha dado la razón a la oposición. En agosto del pasado año falló contra las Cortes Valencianas por vetar 30 iniciativas parlamentarias, algunas de ellas relacionadas con la red que presuntamente lideraba Francisco Correa.
Pues bien, Camps deberá facilitar ahora a la oposición los contratos que el Consell formalizó con Gürtel. Eso sí, siempre y cuando quiera cumplir el manifiesto que firmó el sábado. "Las actividades de las administraciones públicas deben ser transparentes. Como compromiso general, los actos, los informes, los procedimientos administrativos deben estar a disposición de los ciudadanos. Las Administraciones estarán comprometidas a rendir cuentas de manera permanente", explica ese texto.
El documento va más allá e incluso aboga por redactar leyes que obliguen a los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos y central a informar de los contratos que formalicen: "Impulsaremos leyes de transparencia para permitir el acceso ciudadano a las actuaciones y decisiones públicas, así como a cualquier otra información elaborada por la administración, especialmente en lo que se refiere a la contratación administrativa y gestión presupuestaria".
Y añade: "Es conveniente profundizar en la transparencia y objetividad de la actuación pública. Para ello proponemos publicar detalladamente los procedimientos de concesión de contratos, subvenciones y ayudas, con determinación de la cuantía y del beneficiario, y con el máximo nivel de transparencia acerca de las personas jurídicas solicitantes". En resumen: que de aplicar este código ético, Compromís y PSPV podrían tener hoy mismo en sus manos los contratos de Gürtel.
Empresas públicas
El manifiesto también pone a las claras la necesidad de reducir el númer0 de empresas y entidades públicas. Sólo en la Comunidad, la Sindicatura de Cuentas auditó en 2009 -último año disponible- un total de 93, incluidas las fundaciones. Y entre todas, su deuda superaba ya los 9.000 millones. Ahora bien, el PP propugna por recortarlas: "Reduciremos el número de entes y organismos del sector público para asegurar una gestión transparente y eficiente. Sin perjudicar a la prestación de los servicios públicos, eliminaremos todos aquellos entes que no respondan a una racionalidad económica o administrativa". En definitiva, a Camps, le toca otro viraje.
