Una sentencia emitida por la juez del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante ha declarado ilegal la ubicación del vertedero que el constructor Enrique Ortiz tenía previsto construir en la pedanía oriolana de Torremendo, en suelo del empresario oriolano Ángel Fenoll. Así consta en una sentencia a la que ha tenido acceso este diario que falla que la resolución del Consorcio Provincial de Residuos del 22 de diciembre que aprobó el cambio de ubicación no se ajusta a Derecho.

La recolocación del macrovertedero es, precisamente, la que dio origen a la investigación derivada de la Operación Brugal por presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos para la Vega Baja que el Consorcio, dependiente de la Diputación, adjudicó a Enrique Ortiz. Es en esta causa judicial en la que están imputados tanto el constructor alicantino como el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, además de los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregory, entre otros, todos detenidos el pasado mes de julio cuando estalló la segunda fase de la investigación por corrupción más importante que se ha llevado a cabo en la provincia.

Se trata de la segunda sentencia que declara ilegal la ubicación del vertedero en Torremendo y, en este caso, concretamente, en el suelo correspondiente a la finca La Ermita-La Pistola, propiedad de Ángel Fenoll. El pasado julio de 2010, una sentencia emitida por el juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante falló que situar la planta de residuos en Torremendo no se ajustaba a Derecho. En aquella ocasión, el fallo se refería a la primera adjudicación que realizó la Diputación y que aprobó instalar la planta en Torremendo, en la finca llamada Lo Cartagena. El juez dio así la razón a la asociación de vecinos de Torremendo y resolvió que la planta debía ubicarse en Albatera.

Un año después, el Consorcio Provincial de Residuos aprobó un cambio de ubicación del vertedero para que fuera instalado en suelo de Ángel Fenoll y que el constructor Enrique Ortiz se vería obligado a comprar. Esta compraventa es la que dio origen a la investigación que inició la Fiscalía por presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal y en la que se apunta que ese cambio pudo realizarse para favorecer los intereses de ambos empresarios, contando, supuestamente, con la implicación de cargos públicos. Es la primera vez, por tanto, que una juez ha fallado en contra del vertedero origen de la investigación, lo que supondría avalar la tesis de la Fiscalía que investiga si hubo amaños en esta adjudicación.

Ayuntamiento de Beniel

La nueva sentencia contesta al recurso Contencioso presentado por el ayuntamiento murciano de Beniel, que denunció la ilegalidad del vertedero así como perjuicios de salud para su población. El fallo considera que los vecinos de este municipio murciano se verían afectados en cuanto a molestias y riesgos para la salud por unas instalaciones ubicadas a tan solo dos kilómetros del mismo, "unido ello a la ausencia de beneficio alguno" para dicha localidad.

Respecto al cumplimiento de la normativa en materia de residuos, la juez considera que una modificación de elementos fundamentales como la ubicación de la planta o los nuevos cánones a abonar por la prestación del servicio debían conducir "necesariamente a una nueva licitación". Añade la sentencia que la argumentación que dio la empresa adjudicataria (una UTE formada por Ortiz e hijos y Cespa) para justificar el cambio de ubicación, basado en supuestas razones de interés público por las continuas quejas de los vecinos de la pedanía de Torremendo -que reclamaron un alejamiento de las instalaciones- no estaba justificada, ya que el alejamiento de Torremendo suponía necesariamente acercarse a las localidades murcianas. De hecho, el cambio de ubicación dejaba a estos municipios murcianos más cerca del vertedero de lo que quedaba éste de Torremendo.

La Fiscalía rechaza la nulidad de las escuchas

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado declarar nulas las escuchas telefónicas en las que se sustenta la investigación Brugal, tal y como habían solicitado las defensas de los imputados, que alegaron falta de justificación del tiempo en que estuvieron activas. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, junto al fiscal Pablo Romero, tenían hasta hoy de plazo para pronunciarse sobre los recursos formulados por las defensas de los imputados en las causas que afectan al Plan Zonal y a la contrata de basuras de Orihuela, si bien, según ha podido saber este diario, el viernes ya presentaron su argumentación ante el juez que instruye el caso. En un extenso informe, apoyado con jurisprudencia, defienden la legalidad de éstas. Ahora el juez decidirá sobre ello. S. LL.