La eliminación de las ayudas a la compra de una VPO por el cierre anticipado del Plan Vivienda 2009-2012 ha dejado sin subvención a decenas de compradores en la provincia, incluso con los papeles aprobados, y prácticamente sin ningún tipo de expectativa de recibir ayudas a medio plazo a todas aquellas personas que estuvieran planteándose ahora mismo comprarse una vivienda protegida, tanto de nueva construcción como de segunda mano que reúnen las condiciones para venderse como VPO. Un parque en el que están también incluidas buena parte de las casas que siguen sin venderse tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Fomento ha eliminado la ayuda a la entrada -una subvención media de unos 8.000 euros que no debía devolverse- y aunque los promotores que tuvieran la calificación concedida pueden seguir ofertando la otras dos ayudas -subvención al préstamo y cheque vivienda del Consell-, no hay plazo para su cobro y, además, al final el comprador devuelve gran parte de la cantidad a Hacienda, en la declaración de la renta.
El importe medio de subvenciones económicas que no se pueden ya cobrar en el momento de adquirir la VPO alcanza los 20.000 euros (ayuda a la entrada, subsidio del préstamo y cheque).
El problema es que el plan se ha cerrado bruscamente y dos años antes de cumplirse el plazo oficial -el plan se iba a desarrollar entre 2009-2012-, muchos de los compradores, incluso con ayudas concedidas, se han quedado ya sin fondos, y los potenciales sin ningún tipo de esperanza porque no hay un euro en la Administración. Como medida extraordinaria, el Consell ha aprobado una orden para que todos aquellos que tuvieran aprobada la ayuda a la entrada puedan tramitar el resto durante 3 meses aunque nadie sabe cuando se cobrará.
Medida extraordinaria
El Consell concederá un cheque-vivienda de hasta 11.700 euros a los 800 compradores de una VPO que se han quedado sin ayuda por el cierre anticipado del plan aunque la tenían concedida. Los afectados tienen tres meses para solicitar la ayuda. El Consell justifica el que haya aprobado más expedientes de ayudas que las contempladas en un principio, en que de no ser así los compradores de una VPO no hubieran podido solicitar el crédito hipotecario al banco, ni tramitar el resto de las subvenciones públicas.
Además, la Conselleria de Vivienda sostiene que hasta ahora Fomento les concedía unos 30 millones de euros más todos los años en concepto de "reserva de eficacia" que se ha eliminado y con el que hacían frente a estas ayudas.
El ajuste económico impuesto por el Gobierno central y la propia Generalitat resulta letal para el maltrecho sector de la vivienda. Promotores y compradores se encuentran ahora con la triste realidad de que ni la VPO puede ser un refugio. Se da, además, una situación surrealista: los ayuntamientos siguen planificado viviendas de protección oficial, la Administración exige la promoción de este producto, pero la cobertura económica ha desaparecido dos años antes de los previsto. En el caso de los afortunados que adquieran una VPO cuyo promotor tenga la calificación y el préstamo concedido, los compradores sí se podrán subrogarse al crédito y recibir parte de las ayudas, pero la delicada situación económica de la caja autonómica, afectada también por el recorte del Ministerio de Fomento, prolonga sin fecha el día del cobro.
Afectados más de 2.600 potenciales compradores y 8.000 empleos en juego
Los promotores alicantinos consideran que el recorte de las ayudas económicas estatales a la entrada (firma del contrato de compra) de las viviendas de protección oficial (VPO) en el plan 2009-2012 puede representar la puntilla para el sector inmobiliario provincial, prácticamente paralizado por la crisis.
La medida podría provocar la pérdida de 8.000 empleos y que 2.630 familias se queden sin una subvención que puede alcanzar los 10.000 euros, además de la pérdida de una inversión directa de 276 millones de euros. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, las cuentas de los promotores elevan el número de desempleados por la medida a un total de 15.000 personas y un desinversión de 510 millones de euros. Los promotores estiman que destinar los recursos económicos que supuestamente se ahorre el Ministerio de la Vivienda a la rehabilitación y al alquiler como sostiene el Ministerio de Fomento no es lo que los ciudadanos ni las empresas necesitan en este momento pues, según empresarios consultados por el periódico, esta medida dificulta aún más el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes y las familias de menor poder adquisitivo. Es decir, los colectivos que más necesitan una aportación directa inicial. En España el tiempo medio para pagar una hipoteca es de 20 años, aunque en algunas comunidades autónomas como en el País Vasco el periodo llega a rozar los 30 años. Una pareja española necesita 18 años de media para pagar su vivienda de 70 m2, aunque la media nacional asciende a 21 años ya que en los datos se incluyen las compras individuales, según un estudio elaborado por el portal facilísimo.com.
En el caso de que un individuo decida afrontar la compra en solitario de una casa, necesitará una media de 50 años para poder pagar la hipoteca. Extremadura es la comunidad autónoma en la que menos tiempo se tarda en pagar la hipoteca, con un plazo de 11 años. Por debajo de la media nacional también está Castilla-La Mancha (12 años), Asturias (14 años), Galicia (15 años) y Comunidad Valenciana (16). otr/ PRESS/ F. J. B.
