El dueño del pub que expulsó a jóvenes con síndrome de Down no podrá dirigir el local un año

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ La Fiscalía de Alicante ha cerrado un acuerdo con el empresario acusado de discriminar a un grupo de jóvenes con síndrome de Down en un pub del casco antiguo de la localidad. El imputado reconocerá todos los hechos de los que se le acusa y a cambio se le pedirá la pena mínima. La condena pactada entre el ministerio público y la defensa es de un año de inhabilitación profesional para seguir regentando el local, cuando inicialmente se había solicitado hasta 18 meses, por lo que la rebaja final es de medio año. La conformidad ha sido firmada esta semana en la Fiscalía y ahora deberá ser remitida al juzgado de lo Penal para que se ponga fecha al juicio y que el acusado se ratifique en este acuerdo.
Los hechos ocurrieron el pasado 6 de noviembre en el pub Basic en la Plaza de San Cristóbal del casco antiguo alicantino. El propietario fue denunciado por la Asociación Síndrome de Down de Alicante por haber expulsado del local a un grupo de trece jóvenes a causa de su minusvalía. La asociación había organizado una salida de ocio y tiempo libre que consistía en una cena y tomar una consumición en un local de ocio. El propietario del local les dijo que se iban a tener que marchar cuando los monitores le dijeron que pensaban quedarse un largo rato. Para evitar que los jóvenes se enteraran, los monitores optaron por marcharse a otro local, donde sí les admitieron y se quedaron hasta la una de la madrugada. El mismo lunes la asociación presentó una denuncia en la Fiscalía por estos hechos, que abrió diligencias y los remitió al juzgado.
Aunque el propietario del pub pidió disculpas por escrito a la Asociación Síndrome de Down a los pocos días, cuando luego fue citado al juzgado a declarar optó por negar los hechos. La versión que dio en esa ocasión era que únicamente les había invitado a que se cambiaran de barra. Sin embargo, en la carta que les envió en su día, el empresario pedía disculpas y se justificaba alegando que tuvo un mal momento.
La Fiscalía considera que lo ocurrido es un delito tipificado en el artículo 512 del Código Penal, en el capítulo correspondiente al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. El citado artículo prevé penas de entre uno a cuatro años de inhabilitación profesional, oficio, industria y comercio a quienes "en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía".
El acuerdo deberá ser enviado al juzgado de Instrucción que investigó el caso que, a su vez, lo remitirá a un juzgado de lo Penal. Según las fuentes consultadas por este diario, al tratarse de un conformidad la vista podría celebrarse en poco tiempo, ya que se trataría únicamente de que el acusado se ratificara en que reconoce los hechos y que admite la pena que se le solicita desde el ministerio público.


La asociación que denunció los hechos no se opone al acuerdo

La Asociación Síndrome de Down de Alicante no se opone al pacto cerrado entre la Fiscalía y el dueño del local acusado de discriminarles, según informaron a este diario fuentes cercanas a este colectivo. La conformidad firmada en la Fiscalía esta semana supone aplicar la pena mínima para el acusado. En este sentido, las mismas fuentes explicaron que la asociación tan sólo ha tratado de hacer valer los derechos de sus miembros discriminados y que nunca ha tratado de causar un perjuicio al empresario denunciado. "Podríamos habernos personado como acusación particular, pero nos hemos conformado con la denuncia puesta ante la Fiscalía", explicaron. La asociación explicaba en la denuncia que presentó en su día ante el ministerio público que este tipo de salidas son muy necesarias para el correcto desarrollo social e intelectual de estos jóvenes y que la actitud del empresario suponía una clara violación de los derechos de los afectados, así como un grave perjuicio para el desarrollo intelectual y emocional de estas personas. J. A. M.