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La presidenta del TSJ defiende que los jueces son independientes tras la críticas del PP

Pilar de la Oliva estudia medidas para controlar que los juzgados no acumulen retrasos

 08:36  
La presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, conversa con el catedrático de Derecho, José María Asencio, durante el acto de ayer.
La presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, conversa con el catedrático de Derecho, José María Asencio, durante el acto de ayer.  ISABEL RAMÓN
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JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, hizo ayer una defensa de la independencia de los jueces, en plena polémica sobre las críticas del PP a la imparcialidad de la Justicia en los casos de corrupción. De la Oliva intervino ayer en la Universidad de Alicante en la fiesta de graduación de 584 alumnos de la Facultad de Derecho con motivo de la fiesta de San Raimundo de Peñafort, patrón de los abogados. Las palabras de la magistrada se produjeron durante su discurso, ya que no quiso hacer declaraciones a los medios. La magistrada analizó algunos de los hechos que se reprochan hoy a la Justicia: la lentitud, la difícil accesibilidad y la inseguridad jurídica. Desde el TSJ se van a establecer controles para evitar que se demore la tramitación de las causas.
"Los jueces desarrollamos nuestra función bajo el imperio de la ley y con plena independencia del resto de poderes del Estado", dijo en su discurso y aseguró que ésa es una de las claves del Estado de Derecho. De la Oliva recordó alguno de los mecanismos que existen para garantizar la independencia: "Los jueces son inamovibles. Eso significa que no pueden ser separados, trasladados ni jubilados, sino por algunas de las causas previstas en la ley. Están sometidos a un rígido sistema de incompatibilidades. Y se prohíbe a los jueces pertenecer a partidos políticos y sindicatos".
Estas palabras se producen días después de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dijera que los jueces son "personas, no aquellos antiguos jueces que parecían intocables. Son unas personas que militan o han militado en partidos políticos, que se han presentado a elecciones".
De la Oliva puso el énfasis en que la Justicia debe ser rápida, accesible y creíble. Sin embargo, "los tres principales reproches que se hacen es la difícil accesibilidad, la lentitud y la inseguridad jurídica". Respecto a la lentitud aseguró que en algunos casos lleva al ciudadano a pensar que el litigio se puede alargar tanto que en ocasiones es más operativo renunciar al propio derecho. De la Oliva apostó por una justicia rápida, pero que tenga en cuenta los derechos tanto de la víctima como del imputado y señaló que la nueva oficina es la respuesta que se está ensayando para adaptar los juzgados a la realidad. "El juez del futuro deberá conocer varios idiomas, manejarse con agilidad con los medios informáticos, estar abierto a la cooperación con órganos judiciales de otros estados".
En esta línea, fuentes del TSJ señalaron que se va a establecer controles para comprobar que la Justicia funciona. Se va a medir dónde se encuentran las causas más antiguas, así como cuál es el tiempo de resolución de cada juzgado. Recientemente el TSJ ya reprobó al juzgado de Mercalicante por los nueve años de retraso que lleva esta investigación.
Por su parte, el rector de la Universidad, Ignacio Jiménez Raneda, advirtió ayer durante su discurso que las dificultades en la práctica para encajar adecuadamente los programas oficiales de postgrado de las universidades con los cursos de formación que contempla la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador".

Asencio: "Hay que acabar con la impunidad"
El catedrático de Derecho Procesal, José María Asencio, aprovechó ayer su discurso para pedir a la presidenta del TSJ que los jueces apliquen la ley ante los procesos de corrupción, "una ley a todas luces insuficiente", dijo. "La condena de cualquier político es tan compleja, como tortuoso el camino para dictarla, dado el sometimiento de jueces y fiscales a agresiones verbales y coacciones que resultan impunes de quienes, por obligación, deberían guardar silencio ante otro poder del Estado", aseveró y concluyó diciendo que "la impunidad no debe presidir el enjuiciamiento de quienes administran nuestros bienes".

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