Nuevas tecnologías aplicadas a las reclamaciones judiciales para evitar que los procesos abiertos contra morosos se hagan interminables. Esta es la base de la propuesta legislativa elaborada por el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, y remitida al Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas para su inclusión en la reforma de la ley de la propiedad horizontal, en cuya modificación trabajan actualmente.
Se trata de una medida que pretende atajar el escollo que existe en los actos de comunicación relativos a los propietarios o arrendatarios de un inmueble cuando se abre un proceso judicial contra ellos. La propuesta consiste en la obligación de aportar un Domicilio Electrónico Inmobiliario (DEI) en los contratos vinculados a la posesión o disfrute de un inmueble donde remitir las notificaciones relativas a procesos judiciales tales como avisos de embargo o querellas para el deshaucio de inquilinos que no pagan. "Éstos suelen eludir a la justicia y por tanto nunca se les encuentra, no están en el domicilio que consta como oficial o no abren la puerta. Sin embargo con esta aplicación pueden darse por notificados sólo con la emisión de la notificación, sin esperar tiempos interminables", señala Vicente Magro.
La propuesta que analizan los administradores de fincas consiste en la implantación del DEI de forma obligatoria. "No tendría sentido que fuera voluntario porque nadie daría una dirección para ser notificado por deudas o multas", añade Magro. Así, la medida exige a todos los ciudadanos a disponer de un correo electrónico o número de móvil para ser notificado vía email o sms de los procesos administrativos abiertos contra ellos.
Este domicilio virtual -que puede coincidir con nuestro teléfono o dirección de email habitual- tiene que ser inscrito en un registro central creado para almacenar estas direcciones, y que sería paralelo a cualquier inscripción en el registro de la propiedad. Sería el Registro Central de Domicilios Electrónicos Inmobiliarios. Los arrendatarios de inmuebles también estarían incluidos en este registro, quedando constancia de ese domicilio electrónico en el mismo contrato de arrendamiento, a fin de que en el caso de demandas contra el inquilino, la Administración de Justicia pudiera remitir las comunicaciones a ese DEI.
Los servicios de notificación de los juzgados de Alicante están desbordados por el crecimiento espectacular de embargos y lanzamientos de los últimos dos años, mientras que las plantillas están estancadas. Según Magro, el DEI permite, además de agilizar los procesos de notificación a demandados y morosos, ahorrar cientos de millones de euros a la Administración. Asismismo, también permite ahorrar millones de euros a las comunidades de propietarios por la reducción del número de actos de notificación.
La propuesta que analiza el Consejo General de Colegios de Administradores de fincas expresa que con estas reformas "se gana agilidad en la ejecución de actos de comunicación, se huye de la lentitud en la tramitación de los procedimientos judiciales y se evitan las actuaciones de mala fe de aquellas personas que, sabiendo que van a ser demandados vía judicial, obstaculizan la labor de la Justicia no dejándose notificar".
El sistema también facilita la comunicación por cualquier concepto con propietarios o inquilinos cuando Hacienda u otro organismo administrativo les reclama algo. La medida recoge, asimismo, la posibilidad de que haya personas que no dispongan de equipos tecnológicos en donde consultar las comunicaciones del DEI, por lo que la Administración del Estado y Comunidades Autónomas habilitarían un espacio para su uso periódico.
Multas por no aportar el DEI a la Administración
Según la propuesta legislativa remitida por la Audiencia Provincial a los administradores de fincas, si en un plazo de seis meses las personas físicas y jurídicas que dispongan de bienes inmuebles no comunican el DEI al registro general, así como los arrendatarios de viviendas y locales, se incurrirá en una falta que sería castigaa con sanción de 15.000 euros. En el caso de reiterar el incumplimiento de esta obligación, se podrá imponer sanción por 25.000 euros. La reforma de la Ley de Tráfico incluyó la creación de un Dirección Electrónica Vial, donde las administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico notifican denuncias. Sin embargo, en el ámbito de la conducta vial no es obligatorio darlo. s.ll.
