Tirón de orejas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al juzgado del caso Mercalicante. Ante los retrasos que acumula esta investigación, que a punto está de cumplir los nueve años, el TSJ ha optado por imponer al juzgado de Instrucción número uno de Alicante que le informe una vez al mes de la marcha de la causa, según la resolución a la que tuvo acceso este diario. El acuerdo, adoptado por unanimidad de la Sala de Gobierno del máximo órgano judicial de la Comunidad, se adopta después de la queja por el bloqueo de la instrucción presentada por el secretario general de Vecinos por Alicante, José Luis Valdés, que fue quien interpuso la denuncia que puso en marcha el caso en 2002. Desde el TSJ no se considera suficiente razón los 13.752 folios del sumario para los retrasos y se adopta la medida "vista la duración extensa de su tramitación". Éste es el órgano encargado de aplicar la medida al no haber sido detectado el retraso en una inspección rutinaria del Consejo General del Poder Judicial.

En estos momentos, la causa está en el juzgado que ha sido reprendido a la espera de ser enviada a la Audiencia para resolver varios recursos de apelación interpuestos por la partes ante diversas resoluciones del magistrado, entre ellas la del sobreseimiento de las diligencias para los políticos y otros técnicos de la comisión ejecutiva de Mercasa.

La denuncia por la que arrancó el proceso parte del dirigente vecinal José Luis Valdés en el verano de 2002. En esta fase de la investigación el criterio de la Fiscalía era que el gerente de la empresa José Emilio Clavero fue el principal responsable del agujero contable detectado en la empresa mixta que asciende a más de seis millones de euros. En el año 2005, se ampliaron las imputaciones al entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y a los que habían sido miembros de la comisión ejecutiva, los entonces ediles Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant. La elección de Alperi como diputado autonómico en el año 2008 obligó a elevar la causa al TSJ por tener éste condición de aforado. El tribunal autonómico, en febrero de 2009, no vio indicios de delito en la actuación del ex alcalde. El sumario volvió a Alicante y el juzgado optó por archivar la causa para el resto de los políticos imputados y otros miembros de la comisión ejecutiva, en consonancia por lo decidido por el TSJ. Este es uno de los aspectos sobre los que se va a tener que pronunciar ahora la Audiencia. Este órgano judicial recibió la causa el pasado 19 de noviembre, pero la devolvió al juzgado porque se había remitido la totalidad del sumario, sin concretar cuáles eran los recursos sobre los que tenían que resolver y todavía no se lo han devuelto. En este tiempo, la causa ha pasado por tres jueces instructores diferentes, Cristina Costa y Gordiano Casas en Alicante, y en el TSJ Juan Montero. Costa tuvo que coger una baja médica durante la instrucción y a Casas se le ha diagnosticado una enfermedad pero sigue trabajando.

Fuentes judiciales explicaron que medidas como la adoptada por el TSJ se toman cuando es evidente el bloqueo que sufre una causa judicial. El juzgado va a tener que seguir informando cada mes al TSJ sobre los avances de la instrucción hasta que se remita al órgano que deberá juzgar los hechos. En caso de que el acuerdo se incumpliera, el TSJ podría abrir expediente.

Valdés se congratuló ayer de la respuesta judicial que ha tenido su queja y aseguró que la situación del caso Mercalicante hubiera sido otra de haberse tramitado con mayor celeridad. "La anterior juez vio indicios para imputar a Alperi, pero a causa de la lentitud con la que se tramitó todo, éste tuvo tiempo de salir como diputado autonómico y otro tribunal en el que tenía personas más afines le archivó el caso en apenas una semana", aseguró. Y agregó que los retrasos sólo benefician a los imputados porque se les atenuará la pena. Valdés consideró indignante que Mercalicante siga así cuando en Marbella sólo han tardado dos años en resolver una investigación de corrupción mucho más compleja.