Juristas y sindicatos de Alicante reprobaron ayer el acoso que está sufriendo el periodista Ramón Ferrando (redactor del diario Levante-EMV, del mismo grupo editor que INFORMACIÓN, donde también ejerció su profesión) tras denunciar el fraude laboral en la Ciudad de la Justicia de Valencia. "Barbaridad", "caza de brujas" e "inadmisible" son algunas de las calificaciones realizadas por los juristas y representantes sindicales consultados ayer por este diario por la difusión de carteles con la fotografía y el nombre del periodista, al que tildan de "espía" por informar en varios reportajes con imágenes de las irregularidades cometidas por medio centenar de funcionarios de la Ciudad de la Justicia en Valencia -donde trabajan más de 1.400 personas- que fichaban a primera hora de la mañana en el control de acceso y se marchaban a continuación.
El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, aseguró que "es improcedente e impresentable que se intente coartar a un periodista por el mero hecho de hacer su labor". Para Magro, hacer pasquines con su imagen es un acto de violencia psicológica. Según el presidente de la Audiencia, el hecho de que estos carteles hayan estado en las paredes de la Ciudad de la Justicia de Valencia y de la Fiscalía "es secundario", lo grave es que se hayan realizado. Magro señaló que hace años sufrió una presión similar cuando determinados grupos aprovecharon un congreso para distribuir pasquines contra los cursos de reeducación de maltratadores.
Al fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, no le parece "correcto que se ponga ninguna traba a los profesionales de los medios de comunicación" y condenó los carteles. "Se podrá compartir la información publicada o no, pero para expresar el desacuerdo hay otros cauces", dijo.
Por su parte, el juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, también criticó la distribución de los carteles. "En mi opinión, el reportaje daba una sensación errónea de que el absentismo era generalizado, cuando es algo de unos pocos. Pero tampoco está bien que se hayan hecho pasquines en contra de una persona que hace su trabajo. Ramón Ferrando es un gran profesional y así lo demostró en los años en los que estuvo trabajando en los juzgados de Alicante".
En parecidos términos se expresaba el decano del Colegio de Abogados de Alicante, Mariano Caballero, quien consideró "inadmisible" la distribución de estos carteles. Caballero reconoció que no había seguido la polémica porque había estado fuera, pero señaló que Ramón Ferrando es un profesional que "siempre se ha portado de una manera exquisita. Si alguien no está de acuerdo con alguna de sus informaciones, existen otros cauces como ejercer el derecho de rectificación o pedir la protección del honor".
Para el secretario de Comunicación de CC OO, Salvador Roig, la difusión de los carteles supone "una caza de brujas que es inadmisible en un estado de Derecho". Roig añadió que el fraude laboral lo comete una mínima parte del funcionariado y lo primero que debería hacer la Administración es "abrir una investigación y depurar responsabilidades". El delegado de Justicia en CC OO, Dimas Vega, dijo que "la libertad de prensa es un derecho reconocido en la Constitución y está protegido".
Desde UGT, el delegado de Justicia, Juan Pedro Pelegrín, afirmó que el acoso supone "una barbaridad". Destacó que el redactor estaba haciendo su trabajo y que el 99% de los funcionarios cumplen con su obligación, por lo que "no es posible amparar a esa minoría" que comete el fraude. El presidente provincial de CSIF, Javier Tovar, dijo que "reprobamos la difusión de los carteles" y añadió que "si los trabajadores de la Ciudad de la Justicia entienden que se ha cometido una irregularidad el sindicato hará lo que estime conveniente".
