El juez Carlos San Martín ha aceptado la personación de tres acusaciones populares en la instrucción del escándalo de las basuras del caso Brugal con la condición de que lo hagan bajo el mismo abogado y procurador. La asociación de vecinos de Torremendo "Virgen de Monserrate", el Centro Liberal Renovador (formación política de Orihuela) y el grupo del PSOE en la Diputación ejercerán esa acusación sin necesidad de prestar fianza ni interponer una querella, como exigían defensas personadas en este procedimiento que investiga el supuesto amaño de adjudicaciones de contratos públicos para la recogida de basura en Orihuela y la concesión del macrovertedero en la comarca.
El juez se ha apoyado en que se trata de una investigación impulsada y sostenida desde el principio por el Ministerio Fiscal para eximir a estos tres colectivos de formular una querella y prestar fianza para ser parte en la causa.
El interés inmediato de esas acusaciones es poder estar presentes en las declaraciones de varios de los imputados en el Brugal, que han sido citados para este mes de febrero. Comparecencias que comienzan con el empresario Ángel Fenoll y culminan con el ex edil independiente de Orihuela Jesús Ferrández. Estas declaraciones se remontan al origen de la investigación, unas grabaciones realizadas por el empresario al citado concejal a finales de 2005, difundidas a principios de 2006 y que comenzaron a investigarse por la Fiscalía desde aquel momento.
El auto del juez de Primera Instancia número 3 de Orihuela (antiguo mixto 3) se fundamenta en el hecho de que una acusación popular debe velar, al igual que el Ministerio Público, por los intereses generales y por lo tanto no deberían darse contradicciones a la hora de solicitar diligencias o en el momento de participar en el interrogatorio a los imputados y testigos. El juez explica que "nuestra legislación procesal habilita al tribunal bajo su criterio a exigir una misma representación procesal y dirección técnica para el ejercicio de las acciones penales". A diferencia de los eventuales perjudicados directos de una posible actuación judicial, aclara, en el caso de la acción popular no se desprende una pluralidad de perjudicados claramente diferenciable. "La finalidad y naturaleza de la acción popular conlleva que, en cada proceso, sea ejercida y sostenida de forma unitaria, no plural", aclara, y así evitar una "acusación particular encubierta".
Basuras y plan zonal
Esa unificación, en cualquier caso, no va a aligerar la complejidad procesal del caso Brugal, convertido ya en una maraña de representaciones legales, en el que al margen de la irrupción de estas tres acciones populares aparecen -de momento y sólo en el grueso del procedimiento en Orihuela- las 18 defensas de los imputados.
Parte de estos letrados, como el que representa a los ediles Antonio Rodríguez Murica y Ginés Sánchez, fueron los que solicitaron al juez que denegara estas personaciones. El PSOE ha recurrido la obligación de personarse de forma conjunta, pero no insistirá con otro recurso ante la Audiencia para no dilatar más el proceso. Los tres colectivos se han puesto de acuerdo para llevar a cabo las actuaciones conjuntas con un único procurador y abogado, según fuentes judiciales, y formalizarán en breve su personación para tener acceso a todas las diligencias.
Claro está, sin embargo, que el objetivo de esas acusaciones difiere. En el caso del PSOE en la Diputación -el escrito de personación está encabezado por los ediles y diputados provinciales Antonio Martínez Mirete y Maria Teresa Carbonell- y de la asociación de vecinos de Torremendo se pretende esclarecer el supuesto amaño de la adjudicación del plan zonal de basuras a favor del empresario alicantino Enrique Ortiz, con la intermediación de Ángel Fenoll y la participación del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll.
Los vecinos de Torremendo han estado luchando durante décadas para evitar que se instale un vertedero en esta pedanía. En el caso del Centro Liberal Renovador, su acción pretende indagar en las supuestas irregularidades en al adjudicación de la actual contrata de recogida de basura de Orihuela, que la Policía y el fiscal creen que la lleva a cabo una Unión Temporal de Empresas con mercantiles de Fenoll interpuestas por testaferros, aunque el empresario lo niega.
Una relación
de "amor-odio"
El sumario sitúa a Jesús Ferrández, ex edil independiente de Orihuela, como germen impulsor de la investigación del caso Brugal. Es un hecho que se dirigió directamente a la Fiscalía cuando se publicaron grabaciones en las que aparecía él pidiendo ayuda al empresario Fenoll para financiar su campaña y asegurando que el contrato municipal de basuras que se estaba preparando entonces estaba amañado a favor de Urbaser. Ferrández siempre negó la veracidad del contenido, de ese y otros encuentros con el empresario, que fueron registrados en audio y video. Tres años y medio después de su comparecencia judicial por este asunto, el 24 de abril de 2007, Ferrández volverá a declarar ante el fiscal Anticorrupción y el juez. Será el próximo 28 de febrero. En su primera citación Ferrández admitió que ha mantenido una relación de "amor-odio" con el empresario desde 1990. D. P.
