Las escuchas interceptadas en la investigación del caso Brugal que dieron origen a una quincena de piezas separadas al detectarse otros presuntos delitos alcanzan al plan urbanístico más polémico de Alicante. La juez Maria Monserrate Mula -encargada del caso Brugal antes de que Carlos San Martín asumiera la titularidad del juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Orihuela- solicitó hace dos años que un juzgado de Alicante investigara el Plan Parcial de Rabasa por presunto tráfico de influencias. Así consta en las diligencias sobre esta macroinvestigación judicial recogidas en el sumario.

La juez acordó en un auto del 4 de abril de 2008 la remisión al juzgado decano de Alicante del extracto de unas conversaciones intervenidas a Rafael Gregory, imputado por varios delitos en el marco del caso Brugal, las cuales podrían revelar indicios de un presunto tráfico de influencias en relación al Plan Rabassa, una polémica actuación urbanística a realizar por Enrique Ortiz que prevé construir más de 13.000 viviendas entre el barrio de Rabassa y la Universidad de Alicante.

La juez se basó entonces en un escrito del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, en el que especificaba que de las conversaciones intervenidas podría derivarse, al menos, un delito de tráfico de influencias, motivo por el que el fiscal solicitó desglosarlas, prorrogar la intervención telefónica al móvil de Gregory y realizar una copia de la transcripción de las mismas para su remisión "a la mayor urgencia posible" al juzgado decano de Alicante para que éste lo repartiera entre alguno de los órganos de Instrucción para su investigación. La juez, a petición del fiscal, dio traslado a Alicante de esta pieza separada del caso Brugal, como refleja el citado auto judicial, sin que conste que en todo este tiempo se haya practicado diligencia alguna al respecto.

Según un informe del Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía que obra en el sumario, las conversaciones intervenidas a Gregory implican al diputado provincial Carlos Mazón; al ex conseller de Medio Ambiente, Fernando Modrego, (con responsabilidad en esas fechas en Proaguas y el IVVSA), y aparta expresamente en este caso al empresario oriolano Ángel Fenoll. En base al informe policial y a la solicitud de investigación que realiza la Fiscalía, la juez informó en el auto que remitió a Alicante de que Ortiz pidió a Gregory que contactara con Carlos Mazón para saber si iba a ir a la Comisión Territorial de Urbanismo que ratificaría el visto el bueno al Plan Rabasa, aprobado en el pleno municipal en 2006 y cuya luz verde definitiva se produjo en mayo de 2009.

Favores

Ortiz quería, presuntamente, que Mazón intercediera en favor del plan y que le defendiera "a muerte", según recoge el informe policial. El auto apunta al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, como una de las personas con las que Ortiz pudo hablar por este asunto y, según la conversación intervenida, Ripoll le habría dicho al empresario que iba a llamar a Modrego, quien formaba parte de la Comisión Territorial de Urbanismo en aquella fecha.

Se da la circunstancia de que el delito de tráfico de influencias que, según el fiscal, podría derivarse de estas conversaciones, se desprende de los diálogos mantenidos entre Gregory y otras personas imputadas en el Plan Zonal, así como con otras para las que el fiscal pide su imputación por su vinculación a la causa desgajada de Brugal que hace referencia a la presunta financiación irregular de la Fundación Hércules. De hecho, una de las conversaciones se produce con motivo de unas llamadas de Gregory para organizar una comida entre él, Carlos Mazón, Ignacio Mangada y el administrador de la mercantil Arosa, Antonio Bonete, todos ellos vinculados a la causa que investiga el juzgado de Instrucción número 4 de Alicante por presunta financiación irregular de la Fundación Hércules -de la que Mazón fue patrono a través de la Diputación de Alicante- y para los que el fiscal solicita su imputación.

La juez ya ha citado a algunos de ellos para que presten declaración sobre si la empresa Arosa financió a la Fundación a cambio de que la Diputación le adjudicase contratos de obras menores.

Un informe policial del 4 de abril de 2008 recoge las conversaciones telefónicas que dieron origen al auto de la juez que planteó que un juzgado de Alicante investigara el plan Rabasa por presunto tráfico de influencias. En uno de los extractos, Ortiz le dice a Gregory que ya no hace falta que le pida ayuda para el plan al diputado Carlos Mazón porque ya había hablado él con Ripoll y que sería Fernando Modrego quien intercediera.

Ortiz: Oye

Gregory: Dime

Ortiz: ¿A Carlitos Mazón le puedes llamar a ver si va a ir él a la Comisión de Urbanismo del día 27?

Gregory: Claro que puedo, precisamente voy a comer con él el jueves.

Ortiz: No, pero el jueves no, llámalo ahora y dile: Carlos, ¿vas a estar tú en la comisión del 27 de urbanismo? sí, porque va el Plan Rabasa, dile que me eche una ...si va él que me defienda ahí, a muerte, ¿vale? Llámalo y si va, dímelo.

Gregory: vale

Ortiz: le pides tú el favor, oye, defiéndeme a Enrique ahí a muerte,¿vale?, venga.

Gregory: Eso lo tienes hecho.

Ortiz: Venga, que yo estoy trabajando para él, y llámame cómo has quedado con él, si va a ir o no.

Gregory: venga

Ortiz: si no va él, quién va. Vale, venga, llámame, hasta ahora, campeón.

Gregory: Hablé con éste pero he quedado con él mañana. ¿Cuándo es eso?

Ortiz: no, es mañana, no, déjalo porque he hablado yo con el Presidente ya, ¿eh? He llamado y creo que va a ir Modrego y entonces él va a llamar a Modrego para que no haya problemas, ¿vale?

Gregory: Vale, pefecto.