El Ministerio de Medio Ambiente deberá presentar a la Unión Europea antes del próximo mes de marzo un informe en el que demuestre que el trasvase Júcar-Vinalopó, cuyas infraestructuras están ya en pruebas, cuenta con usuarios y, por lo tanto, cumple con las condiciones que impuso al Comisión para subvencionar las obras con 120 millones de euros. De no ser así, el Gobierno tendría que devolver los fondos a Bruselas, algo que ha sembrado ya cierto nerviosismo en el Ministerio, sobre todo en Madrid, ya que desde hace meses los interlocutores con los regantes que tenía el Ejecutivo en Valencia han desparecido tras la integración de Aguas del Júcar en Acuamed.
Bruselas ha fijado para mediados de febrero la reunión de la comisión de seguimiento de las obras a la que están convocados técnicos de Medio Ambiente y de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó. Además de que el trasvase cuente con usuarios, el Ministerio necesita presentar unas normas de explotación de la canalización, demostrar que la obra no afecta al cauce del Júcar y un plan para recuperar los costes para satisfacer a Bruselas. Algo imposible de cumplir en estos momentos porque no se han fijado ni el precio, ni las condiciones de calidad del agua con los futuros usuarios.
La integración de Aguas del Júcar en Acuamed y el divorcio que existe entre la Junta Central de Usuarios y la Confederación Hidrográfica del Júcar, dificulta cualquier tipo de acuerdo y ha devuelto el escenario de la negociación a julio de 2009 cuando se firmó la paz hídrica tras cinco años de batalla.
Justo el periodo que transcurrió desde que se cambiara el trazado y el presidente de la Junta Central y representante de los futuros usuarios del agua del Júcar, Andrés Martínez, fuera expulsado del consejo de administración de Aguas del Júcar. La llegada a la Secretaría de Estado de Medio Rural de Josep Puxeu despegó inicialmente el camino hacia el posible acuerdo pero al final el efecto se ha diluido coincidiendo con la llegada de Rosa Aguilar al Ministerio. De la segunda toma nadie quiere hablar -el lobby formado por los regantes valencianos impide abrir el diálogo- y a la potabilizadora se la comió la crisis económica.
Con esta perspectiva, difícil está que el Ministerio de Medio Ambiente pueda abrir el grifo del trasvase la próxima primavera tal como era su intención inicial. Máxime cuando la comunidades de regantes que deben recibir el agua no la aceptan y la Junta Central de Usuarios tiene las llaves del reparto tras haberle cedido la Conselleria de Medio Ambiente toda la infraestructura para repartir el agua desde Villena.
La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó remitió en diciembre una carta al Ministerio de Medio Ambiente en la que ya le advirtió de que el agua del Azud de la Marquesa que se pretende bombear a la provincia a partir de marzo carece de calidad para el riego y el abastecimiento urbano. Según los usuarios, los datos de la Red Integral de Calidad del Agua (ICA) correspondientes al periodo enero-agosto del año pasado -los últimos publicados según los regantes-, revelaron que el caudal no se hubiera podido utilizar ni un sólo mes para el consumo urbano y sólo en dos el agua hubiera servido para el lavado de hortalizas. Un situación que ha devuelto el conflicto por la calidad del agua del trasvase a diciembre de 2007, cuando saltó por primera vez a la luz pública la presencia de sustancias tóxicas en la desembocadura del Júcar.
Sin noticias de la potabilizadora y de la posibilidad de contar con una segunda toma
El ajuste económico impuesto por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado ha supuesto un nuevo rejón para el futuro del trasvase Júcar-Vinalopó al no prever ningún tipo de partida para la construcción de la potabilizadora con la que tratar las aguas que se bombeen a la provincia desde Cullera. Ni cuarenta, ni veinte, ni siquiera un euro para iniciar una infraestructura que la Junta Central de Usuarios consideraba clave para reincorporarse a un proyecto que, a día de hoy, continúa sin usuarios y con un futuro más que incierto.
El Ministerio de Medio Ambiente (Aguas del Júcar) cuenta con 4,7 millones de euros para finalizar la canalización este año y proceder, incluso, a su inauguración pero, según los usuarios que deben recibir el agua, el caudal trasvasado no tendrá la calidad suficiente para que pueda servir para todos los usos. Circunstancia que exige una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que en febrero de 2010 ratificó el cambio de toma de Cortes a Cullera pero recordado que se debía cumplir estrictamente el plan de cuenca del Júcar. Documento en vigor, que en su artículo 24 apartado 1C señala: "Se fija en 80 hm3 el volumen máximo anual que pueda destinarse actualmente a paliar la sobreexplotación y déficit de abastecimiento del área del Vinalopó-l'Alacantí y Marina Baja", con aguas sobrantes una vez satisfechas las necesidades preferentes de la cuenca del Júcar.
Por otro lado, siguen rotas las negociaciones entre los regantes del Vinalopó y los de Valencia por los continuos ataques de un sector de la Acequia Real. El presidente de la comunidad de regantes de Sueca, José Fortea volvió a mostrase el pasado jueves contrario a la toma en Antella "que está pidiendo el Vinalopó. El USUJ nunca consentirá una segunda toma", aseguró Fortea, según el cual se han solicitado recursos que no son "sobrantes". Fortea cargó contra la Generalitat que, a su juicio, "en vez de unir a la Comunidad Valenciana, está desuniéndola", según recogió Efe.
