La implantación de Ikea en la ciudad une al PP y al PSOE pero su ubicación en el plan Rabasa y sus grandes dimensiones les separa por completo. Así quedó de manifiesto en el Pleno municipal de ayer, que aprobó la exposición pública del plan Rabasa para posibilitar su construcción, con el voto favorable del PP y la oposición del PSOE.
Este asunto fue prácticamente el único que provocó la polémica en un pleno con escasos puntos a tratar y en su mayoría de escasa relevancia. Por el PSOE, su portavoz Carmen Sánchez Brufal recordó que el plan Rabasa está recurrido ante los tribunales y se preguntó si, en caso de ser anulado, el PP municipal pagaría la indemnización con su patrimonio personal, a lo que el delegado de Urbanismo, Alfonso Mendoza, replicó que si Brufal hubiera leído el convenio municipal con Ikea habría comprobado que la mercantil asume toda responsabilidad sobre este asunto y el Ayuntamiento, por tanto, queda eximido de cualquier pago compensatorio.
Brufal insistió en que lo que se pretende es un "macrocentro comercial del tamaño de tres grandes superficies, y denunció su grave repercusión sobre el comercio de la ciudad, por lo que propuso negociar un centro comercial sólo para Ikea y en otra ubicación.
Alfonso Mendoza explicó que el plan se expone al público para "escuchar a todos y para que se pueda opinar a favor o en contra". El delegado de Urbanismo subrayó que los estudios de comercio demuestran que Ikea será "un polo de atracción" para la provincia y que "beneficiará a todo el entramado comercial y social de la ciudad". También anunció que se van a reunir con los colectivos comerciales para buscar un consenso y concluyó resaltando que "si hacemos una encuesta, la gran mayoría de la ciudad es favorable a esta instalación". La alcaldesa, tras el Pleno, dijo que Ikea "será un gran revulsivo comercial que beneficiará a todos", y que "se va a tratar que cause el menor perjuicio al tejido social".
