El Síndic de Greuges, mediante resolución, acusa al Ayuntamiento de Alicante de permitir la prescripción de una ilegalidad urbanística al no resolver la denuncia interpuesta en el Ayuntamiento por unos vecinos y dejar transcurrir cuatro años. Se da la circunstancia, además, de que la denuncia, interpuesta en el año 2003, iba dirigida contra el hijo del entonces concejal de Seguridad.
La denuncia en cuestión la interpuso en el año 2003 Roberto Mora, domiciliado en la avenida de Salamanca número 13 . La infracción cometida consistía en la "destrucción del muro de ladrillo caravista de la fachada principal del edificio". La asamblea de la comunidad de propietarios, el 12 de agosto de 2003, acordó exigir al denunciado paralizar la destrucción del muro al no tener " ni permiso, ni autorización de la comunidad".
Desde entonces, el denunciante ha presentado diez escritos en la Gerencia Municipal de Urbanismo a cuyo frente estaba entonces la actual alcaldesa, Sonia Castedo, reiterando los hechos pero siete años más tarde, el 4 de junio del pasado año, recibe un decreto municipal firmado por el delegado de Urbanismo, Alfonso Mendoza, en el que se le comunica el archivo del expediente sancionador por haber prescrito la infracción al haber transcurrido más de cuatro años.
Ante esta circunstancia, Roberto Mora optó por denunciar los hechos al Síndic de Greuges, que tras las consultas oportunas procedió a resolver el caso mediante resolución del pasado 19 de octubre. En la misma, José Cholbi señala que "de la lectura de los documentos que integran el presente expediente se deduce que la Administración, a pesar de los requerimientos continuos y constantes del ciudadano para que se procediera a dar impulso al expediente y a resolver lo que en derecho correspondiese, dejó pasar el plazo de prescripción de cuatro años establecido por la ley sin adoptar medida alguna tendente a la restauración de la legalidad urbanística, presuntamente conculcada por la ejecución de unas obras sin licencia". Cholbi subraya que "con ello, la Administración infringió los deberes que en este ámbito pesan sobre ella".
En su resolución el Síndic censura a la Gerencia Municipal de Urbanismo al estimar oportuno "recordar al Ayuntamiento de Alicante el deber legal que recae en las autoridades locales de restablecer la legalidad urbanística vulnerada, en el plazo máximo de cuatro años desde la total terminación de las obras, adoptando para ello las medidas que la legislación urbanística pone a su disposición y evitando con ello que, en caso como el presente, la denuncia de los ciudadanos concluyan con un archivo de las actuaciones, sin pronunciamiento expreso sobre la legalidad de las construcciones realizadas y, en su caso, con la imposición al infractor de la obligación de proceder a la restauración de dicha legalidad conculcada".
El Síndic llega incluso a calificar lo sucedido como "un acto muy grave", porque significa que "las normas que se han establecido pensando en la justicia, en la certeza y en el bien común, después, mediante actos injustos, se incumplen", a lo que añade finalmente que "generalizando el incumplimiento es difícil saber a dónde se puede llegar".
"Un atropello, abuso y falta de seriedad"
El 22 de junio del pasado año, días después de recibir el decreto municipal de archivo del expediente por la presunta obra ilegal, Roberto Mora remitió un último escrito al Ayuntamiento en el que calificaba lo sucedido como "un atropello, un abuso y falta de seriedad por parte de la Gerencia de Urbanismo, después de siete años luchando con honradez por el bien de mi comunidad de propietarios". Mora rechaza el contenido del decreto y recalca que la inspección municipal de la obra denunciada se hizo el 5 de agosto de 2003 y que no consta solicitud de licencia ni en Urbanismo ni a la comunidad. También recalca que el autor de las obras, Luis Concepción, admitió en la asamblea de propietarios, que hizo las obras "y así consta en acta".
