La falta de control judicial de la intervención de las conversaciones telefónicas, la vulneración del secreto de las comunicaciones al ordenarse sin que existieran indicios de un hecho delictivo o el tiempo desproporcionado que el asunto ha estado (y en cierta medida sigue estando) bajo secreto de sumario, lo que ha generado indefensión a los imputados. Estos son algunos de los argumentos que los representantes legales de los principales implicados en el caso Brugal han esgrimido ante el juez Carlos San Martín para solicitarle la nulidad de la escuchas o, lo que es lo mismo, la base de la investigación sobre el presunto caso de corrupción en el que están imputados el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, entre otros.
En esta línea, el abogado de Ripoll, Bernardo del Rosal, ha pedido al juez la nulidad de todas las escuchas y ha recurrido también los autos por los que se autorizaron los primeros registros del caso, así como aquellos por los que se prorrogaba el secreto del sumario. También cuestiona que las presuntas irregularidades del plan zonal de basuras de la Vega Baja se sigan investigando en Orihuela y mantiene que la instrucción correspondería en realidad a los juzgados de Alicante, donde se adjudicó el citado plan.
Al igual que han expuesto otros letrados, Del Rosal mantiene que las escuchas telefónicas fueron ordenadas sin justificación y sin las debidas garantías legales ya que se autorizaron para investigar unos delitos distintos de aquellos en los que finalmente se han centrado las pesquisas, lo que tendría que haber provocado de inmediato, y no tres años después, la apertura de causas separadas evitando así que jueces que no tenían competencia sobre los asuntos (que después han sido repartidos entre diferentes juzgados) siguieran con la investigación.
Varios jueces
Coincidente es también el argumento de la falta de control judicial de la investigación. Tanto Del Rosal como el letrado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, quien ayer declinó hacer declaraciones sobre este tema, aducen la falta de este control en una investigación que careció de una "valoración jurídica" que hubiera impedido, por ejemplo, que asuntos que entonces no eran delito (como el que se desgajó sobre la supuesta compra de partidos por parte del Hércules) salieran a la luz, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas. O que se escucharan conversaciones privadas sobre asuntos que no eran punibles.
A esta carencia por parte de un juzgado por el que han desfilado varios jueces durante la instrucción de este asunto atribuye el abogado del empresario el que después de tres años de investigaciones secretas (más tiempo que el que se empleó en indagar los atentados del 11-M) el juez tuviera que conminar al fiscal a que concretara qué hechos delictivos se estaban investigando y a quiénes se les atribuían. De Rosal lo resume de otro modo: los sucesivos jueces se limitaron a permitir lo que le pedía la Policía y el fiscal. Sin más.
En cuanto al fondo de los hechos, el letrado de Ortiz mantiene que las actuaciones sólo son "una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas con vídeos en los que se ven encuentros tan apropiados para la conspiración delictiva, por lo discretos, como los celebrados en la Feria de Abril o en el puerto de Ibiza". Y agrega que lo objetivamente contrastado hasta la fecha es que "Enrique Ortiz no ha regalado un millón de euros al señor Ripoll, ni dos pisos, ni han comprado a Fenoll la finca La Pistola".
Una vez concluido el plazo para que las defensas presentaran sus recursos, que expiró ayer, el fiscal dispone ahora de dos días para responder a cada uno de los escritos que le dé traslado el juez salvo que, al contrario de lo que ha hecho con los letrados, opte por ampliarle el tiempo.
El PP asegura que la instrucción judicial no afecta al partido
El PP provincial eludió pronunciarse ayer sobre la decisión de Joaquín Ripoll de solicitar la nulidad del caso Brugal. Pese a que el escándalo de las basuras de la Vega Baja afecta de lleno al titular de la Diputación y presidente provincial popular, estas fuentes defendieron que Brugal "no afecta al partido para nada". Ripoll está imputado por cinco delitos: revelación de información privilegiada, cohecho, fraude, tráfico de influencias y actividad prohibida a las autoridades. Pese a ello, el mismo portavoz popular agregó que el caso "está al margen del PP y lo llevan los abogados de Ripoll". El portavoz del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, consideró "lógico" que la defensa "apure todas sus posibilidades", aunque lamentó que la anulación de las escuchas se haya convertido "en una práctica que el PP viene usando desde hace años". El síndic socialista apuntó que Ripoll y el resto de dirigentes del PP tendrán que dar explicaciones a la Justicia y a los ciudadanos. A. FERNÁNDEZ
