Practicar la mendicidad en las calles de la ciudad no será motivo de embargo de las limosnas ni de sanciones municipales. La alcaldesa de Alicante ha decidido rectificar y retirar de la ordenanza municipal sobre seguridad en la vía pública las medidas punitivas contra los mendigos. Sonia Castedo señaló ayer al respecto que la normativa municipal se centrará en la persecución de los gorrillas y de la prostitución. El anterior alcalde ya dio marcha atrás en este mismo asunto en 1996.
El anuncio de la tramitación de esta ordenanza municipal suscitó una importante polémica, especialmente en lo referido a las sanciones a los mendigos, al incluir el embargo de las limosnas obtenidas, hasta el punto de que dos destacados sindicatos de la Policía Local y el PSOE han presentado alegaciones en contra de estas medidas.
Sobre esta supresión de sanción a los mendigos, la alcaldesa señaló ayer a este periódico que el objetivo fundamental de la nueva ordenanza es la seguridad en la vía pública, y que esta finalidad se mantiene con la lucha contra los gorrillas y la prostitución. El concejal de Seguridad, Juan Seva, apostilló al respecto que no toda la mendicidad se respetará, ya que la acción de los gorrillas es "mendicidad coactiva, puesto que lo que hacen es pedir una limosna con amenazas", conducta que estará tipificada y sancionada en la ordenanza. También añadió que queda igualmente prohibido el empleo de menores en la mendicidad, medida que ya estaba perseguida, pero que ahora se consignará expresamente en la ordenanza.
Castedo señaló que la inclusión de estas medidas contra la mendicidad en el documento inicial de la ordenanza se debió a que se utilizó como modelo ordenanzas de otras ciudades, especialmente la de Barcelona, pero tras insistir en que el objetivo municipal no es perseguir a los mendigos, recalcó que se va a retirar de la ordenanza "todo" lo que aluda a sanción y retirada de limosnas por practicar la mendicidad.
Alegaciones
A preguntas de si ha influido en esta decisión las alegaciones de sindicatos de la Policía Local contrarios a las medidas sancionadoras contra la mendicidad, la alcaldesa indicó que "las alegaciones son muy importantes y, sobre todo, si proceden de los policías locales que son los que van a aplicar la ordenanza".
Como se recordará, el Sindicato Profesional de Policías Locales presentó el mes pasado un escrito de alegaciones, al que luego se han adherido el Grupo Municipal Socialista y la sección de UGT de la Policía Local, en el que expresaban su rechazo a los aspectos de la ordenanza relacionados con la prohibición de la mendicidad al aducir que no conocen "ninguna norma con rango de ley que prohíba la mendicidad en los espacios públicos del Estado español y sí intentos desesperados de hacerla desaparecer por parte de ordenanzas municipales".
La alegación señalaba su expresa discrepancia con el artículo 5 de la ordenanza, referido a "intervenciones específicas", en cuyo último párrafo se indica que "los agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados para desarrollar la conducta antijurídica, así como, si es el caso, de los frutos obtenidos". El sindicato policial argumentaba que incautar las limosnas puede ocasionar "un perjuicio de difícil o imposible reparación a los pobres desvalidos de su recaudación", quienes "apreciarían" a quienes le quitan el dinero de su recaudación como "unos ladrones".
El sindicato UGT de la Policía Local no sólo respaldó esta alegación, sino que, incluso, se mostró contundente en su escrito contra la ordenanza al expresar en el mismo "nuestro rechazo a tal medida, por considerarla claramente inconstitucional", al afirmar sobre el particular que "no existe ley con carácter nacional que regule este tipo de actuación o práctica, salvo en el caso de delito". Posturas muy claras, en definitiva, que no han caído en saco roto.
Alperi ya intentó en 1996 erradicar a los pedigüeños, pero tuvo que dar marcha atrás
"Tropezar dos veces en la misma piedra", eso es lo que le ha sucedido al equipo de gobierno del PP con la ordenanza para prohibir la mendicidad en Alicante. Y es que la historia se repite, ya que el anterior alcalde tuvo que recular ante la avalancha de críticas que se le vino encima al Ayuntamiento de Alicante cuando anunció medidas para prohibir la mendicidad consistentes en la imposición de multas y el embargo de las limosnas a los mendigos. Acababa de empezar el año 1996 y Luis Díaz Alperi no había cumplido aún un año al frente de la Alcaldía cuando se anunció la nueva ordenanza sobre la "prevención y erradicación de la mendicidad en la ciudad de Alicante". De aquella Corporación municipal, curiosamente, sólo subsiste un concejal en la actualidad que es, precisamente, Juan Seva, el edil de Seguridad que ha promovido la ordenanza, aunque en aquella ocasión no fue una iniciativa suya, sino de José María Rodríguez Galant, a la sazón concejal de Servicios Sociales. La noticia de la nueva ordenanza se publicó el 8 de enero del citado año. En la misma se prohibía expresamente la petición de limosna y se ordenaba a la Policía Local fichar a los mendigos. Además, en caso de reincidencia se les multaba con entre 5.000 y 50.000 pesetas (todavía no existía el euro) y la "retirada de los fondos recaudados".
La noticia de la prohibición de la mendicidad en Alicante creó tal revuelo que fue recogida por numerosos medios informativos y televisiones de toda España, lloviéndole críticas desde todas partes al edil promotor y al Ayuntamiento. Las de mayor peso denunciaban que se trataba de una medida inconstitucional porque no existe en España ninguna ley que prohíba pedir limosna. Diez días después de anunciarla, Alperi ordenó a su edil la marcha atrás y el 19 de enero de 1996 este periódico informaba de que "Galant rectifica y suprime de la ordenanza contra los mendigos las multas y los embargos". Ahora, 15 años después, vuelve a suceder lo mismo.
