El juez Carlos San Martín, instructor del caso Brugal en Orihuela, ha aclarado en un auto judicial que las 38 personas a las que se les notificó en julio de 2010 la "existencia del proceso", a día de hoy, cinco meses después, no están imputadas. Entre ellas figura la alcaldesa de Orihuela y vicepresidenta a la Diputación, Mónica Lorente (PP); su hermano, Jorge Lorente; el ex alcalde, José Manuel Medina; los ediles David Costa, Antonio Lidón, Araceli Vilella y José Manuel Cutillas; así como el jefe de gabinete de Alcaldía, Pedro Meseguer; o el gerente de la actual contrata de las basuras, Miguel San Andrés.

Todos ellos se encuentran incluidos en un listado de 38 personas que, según aparece en un auto notificado el 14 de diciembre por el juez en respuesta a un recurso presentado por Rafael Gregory, no podrán ser parte en el procedimiento, "hasta en tanto no se exprese en una resolución concreta (...). Resolución que, como se puede comprobar, no se ha emitido".

Consciente de la repercusión que tuvo la notificación realizada a estas personas por agentes de la Policía Nacional, escrito que formalmente tenía apariencia de imputación y que incluía los artículos de la ley de Enjuiciamiento Criminal relativos a la condición de imputado, San Martín explica ahora casi en tono de disculpa que en esa notificación "bajo el modesto entender de quien provee, no se erige ni constituye en imputado a ninguno de los relacionados, a quienes sólo se les pone en su conocimiento la existencia del proceso".

Añade el juez, a renglón seguido, que "quizá habría sido de mejor fortuna la simple encomienda de gestiones en aras de confirmar la filiación y domicilio de dichas personas físicas, y con ello no propiciar una tergiversación indeseada del contenido". Y aclara que "como se desprende de las actuaciones posteriores al auto de julio hasta el día de hoy", cinco meses después, no les tiene por imputados, ni como parte en el proceso, algo que llegaría en cualquier caso con una resolución expresa por su parte.

El magistrado ya advertía en julio que los nombres de esa lista, la mayoría cargos públicos y personas vinculadas a las empresas de Ángel Fenoll, "pueden haber tenido relación con las presuntas irregularidades" en la contratación pública por parte del Ayuntamiento del servicio de recogida de basura. Por tanto, la aclaración del magistrado no implica en ningún caso que esas personas no puedan ser imputadas más adelante.

Policía y fiscal anticorrupción

Muchas de los notificados, como Mónica Lorente, ocupan espacios centrales de los informes realizados por la Policía Nacional. También aparecen aludidos, con su correspondiente informe, en la denuncia de hechos del fiscal anticorrupción. Así, el ministerio fiscal ve indicios de hasta cinco delitos en la actuación de la alcaldesa en relación a la actual adjudicación de la contrata recogida de basuras y en el mantenimiento de la contrata directa de un servicio municipal a su hermano Jorge Lorente a través de una empresa interpuesta. El auto del magistrado San Martín se refiere exclusivamente a la investigación de ese concurso público en Orihuela y no al plan zonal de residuos de la Vega donde aparecen imputados el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, entre otros.