La situación financiera de la Generalitat es alarmante. Y ya no lo dice la oposición. Lo ratifica la Sindicatura de Cuentas en su informe anual sobre la gestión del Consell en 2009 que el Síndic Major, Rafael Vicente Queralt, entregó ayer a la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Un estado financiero que "desnuda" las promesas del Consell -el auditor público revela que la Generalitat sólo invirtió el 20% del dinero que anunció para ayudas contra la crisis, entre ellas el Plan Confianza-; y unas cuentas que evidencian que la Generalitat, si fuera una empresa privada, habría cerrado 2009 en situación de quiebra técnica. Es decir, el pasivo real que arrastraba el Gobierno de Camps al cierre de 2009 -la suma de lo que debe, incluidos los gastos no reconocidos en el balance- es mayor que su patrimonio en, al menos, mil millones.
En rueda de prensa, el Sindic Major admitió que se "consolida una situación de crisis muy considerable" con la "disminución casi generalizada de todos los ingresos, lo que ha llevado a unos resultados en términos presupuestarios y financieros negativos". No hay en el informe del alto comisionado de las Cortes para la fiscalización de las cuentas públicas ni un sólo dato que invite al optimismo de cara al cumplimiento de los presupuestos para 2011, aprobados ayer en las Cortes con los únicos votos del PP. El remanente de tesorería negativo se incrementó en 400 millones; el déficit de liquidez, como adelantó este periódico, se disparó hasta una cifra récord y ascendió a 7.906 millones; el endeudamiento financiero pasó de 7.460 a 9.333 millones; la diferencia entre gastos e ingresos fue negativa en 2.855 millones; y los pagos aplazados -las deudas que el Consell endosa a futuros gobiernos- se dispararon a 32.101 millones, cantidad que, sin embargo, la Sindicatura rectifica al alza, al menos, en otros 3.025 millones que están sin contabilizar. La hipoteca, por tanto, alcanzaría los 35.126 millones, unos 6 billones de las antiguas pesetas.
Los datos explican los problemas de la Generalitat en el pago a los proveedores. Y las dificultades para cumplir con promesas de inversión y subvenciones. El informe de la Sindicatura, de hecho, desvela que las ayudas anticrisis -anunciadas a bombo y platillo por Camps y que incluían el Plan Confianza para los municipios, fondos para la creación de empleo y el plan de apoyo a los sectores productivos- con una inversión prevista de 1.715 millones, luego no se hicieron realidad. Apenas se gastaron 343 millones, sólo un 20% de lo previsto. Un dato elocuente: del plan para fomentar la creación de empleo únicamente se gestionaron en 2009 un total de 1,7 millones de euros.
La crítica situación financiera tiene también su reflejo en el balance. Los fondos propios -la diferencia entre lo que debe el Consell y sus activos-, según la Generalitat, se redujeron de 3.655 millones a sólo 800, aunque aún en positivo. Pero la Sindicatura, sin embargo, señala que no se habrían contabilizado deudas de Sanidad, gastos de personal, provisión de insolvencias y deudas de las universidades que dejarían el indicador, por vez primera, en negativo en unos 1.000 millones. Un balance que, en la actividad privada, conduciría a la empresa a la quiebra.
El Estado admite que la Comunidad requiere más financiación
El informe anual de la Sindicatura de Comptes, en el apartado dedicado a la Ley de Estabilidad presupuestaria, desvela que un informe de la Intervención General del Estado remitido, a su vez, a la Intervención General de la Generalitat admite que la Comunidad requiere de una necesidad de financiación extraordinaria por importe, al menos, de 3.144 millones de euros, un -3,09% del PIB autonómico. En cierta manera, estamos ante un reconocimiento de las peticiones del Consell. La Sindicatura, de todas maneras, también incide en la insuficiente financiación, especialmente, de la Sanidad en relación a la población. P. r. f.
