"La calidad de la enseñanza de los alumnos que han de soportar las infraestructuras prefabricadas les coloca en una situación de desigualdad respecto a los demás". Con esta rotundidad se dirige el Síndic de Greuges, José Cholbi, a sus propios compañeros de partido en la Conselleria de Educación, cuestionando abiertamente la política de barracones que practica el departamento de Alejandro Font de Mora.
El propio Cholbi, pese a matizar su "comprensión" ante la existencia de "etapas educativas de provisionalidad" advierte de que éstas "no pueden alargarse indefinidamente", porque "si los trámites no son ágiles se corre el riesgo de que los alumnos pasen, incluso, toda la etapa educativa obligatoria en situación de provisionalidadad". Este periplo justificado en la "prvovisionalidad" es el que, reiteradamente, defienden desde el Consell para justificar la instalación de prefabricadas en la apertura de cada curso escolar, al vincularlas a una próxima construcción o reforma integral del centro educativo de turno.
Más barracones cada curso
El tirón de orejas de Cholbi al Consell viene motivado por una queja de los vecinos del barrio de Benalúa en Alicante, cuyo colegio acaba de cumplir una década en barracones a la espera del nuevo centro. Pero, con ser uno de los casos más crónicos de toda la provincia, el del colegio Benalúa no es el único, hasta el punto de que durante el mismo periodo en que los alumnos de este centro han estado escolarizados en barracones, el número de aulas prefabricadas en el conjunto de la provincia se ha triplicado sin que haya pasado lo mismo con el número de centros construidos en el mismo tiempo.
Cuando los alumnos del Benalúa se vieron desplazados de su centro original, demolido por "ruina técnica" tras la aparición de grietas en la fachada el año 2000, el total de prefabricadas rondaba las 170 en los centros de la provincia. Este curso, diez años después, los barracones censados se acercan al medio millar -es decir, se triplica-, más de trescientas en colegios y el resto en institutos de Secundaria, habiéndose sumado al caso del Benalúa otros centros que han acabado en prefabricadas por los graves problemas que presentaban en sus estructura. Es el caso del colegio Manjón Cervantes, también de Alicante, o del Braçal, en Muro de Alcoy. El primero se desalojó por grietas y el segundo por aluminosis.
"Si bien es legítimo el recurso a la escolarización de los alumnos en centros integrados total o parcialmente por módulos prefabricados, la administración debería recurrir a esta solución tan sólo con carácter residual y, en todo caso, provisional, dada la manifiesta incapacidad de las prefabricadas para asegurar las condiciones básicas idóneas que promuevan la adecuada satisfacción del derecho a la educación de calidad", reitera el Síndic de Greuges en su resolución de esta semana.
Según considera Cholbi, convertir una situación "que debería ser excepcional y transitoria" en un "estado de cosas que se prolonga durante años", no puede ser considerada como "una actuación pública regular".
