El PP rechaza limitar el endeudamiento del  Consell, controlar los sobrecostes y un plan para sanear Canal 9

Los populares defienden el aumento de  la deuda a corto plazo como un mecanismo  para poder pagar a los proveedores

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JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
La extrema falta de liquidez de la Generalitat ha llevado al Ejecutivo de Camps a adoptar medidas extraordinarias en los presupuestos de 2011. La más llamativa es que el Consell podrá tirar de préstamos a corto plazo para afrontar deudas inaplazables por un volumen equivalente al finalizar el año al 30% del presupuesto. La subida es de nada menos que el 50%, ya que el tope legal estaba en el 20%. En la práctica, el cambio legal otorgará a Hacienda un respiro en forma de 1.372 millones más en operaciones de tesorería, hasta un límite global de 4.114 millones. Lo reveló ayer la portavoz de Economía del PSPV en las Cortes Valencianas, Cristina Moreno, en el inicio del debate en comisión de los presupuestos autonómicos, en el que advirtió que los topes del endeudamiento y avales aumentan "de forma escandalosa".
El listón de las operaciones de tesorería era del 10% durante el Consell socialista. Con el PP, Eduardo Zaplana lo elevó al 20% en el ejercicio de 1997, vía ley de acompañamiento. Moreno indicó que para el próximo año el tope de avales del Consell se dispara en 250 millones más y el del Instituto de Finanzas, en 200 millones, mientras el IVF podrá endeudarse por 200 millones.
"Ustedes quieren amputar la autonomía financiera de la Generalitat", acusó al PSPV el coordinador de Economía del PP, Ricardo Costa, quien defendió que, con independencia del mayor volumen a corto plazo que se habilite, el Consell tendrá que cumplir el límite global de deuda marcado por el Gobierno. Y lo está haciendo, aseveró Costa. Otra cosa son los apuros momentáneos. "Es imposible que, en una situación de falta de liquidez, usted pretenda recortar las operaciones de tesorería", dijo, para añadir que el Ejecutivo autonómico "necesita mecanismos ágiles" para "poder atender los libramientos de sus pagos a los proveedores". Ricardo Costa también explicó que la cifra de avales "responde a una planificación" y que el 90% de ellos tiene una finalidad "social", añadiendo que las garantías otorgadas por el IVF han ayudado a 3.000 empresas.
Los populares rechazaron todas las propuestas de la oposición para impedir que se eleven los límites de endeudamiento, así como para dotar de "mayor transparencia" a la gestión. Mireia Mollà (Compromís) reclamó sin éxito la eliminación de la indemnización por cese a los altos cargos del Consell (de 3 meses), a lo que el portavoz de Economía del PP, José Marí, le preguntó por qué ésta le parece mal y la pide para los diputados cuando pierdan el escaño. Marga Sanz (EU) abogó por que el dinero de la venta de patrimonio minore el recurso a la deuda para no empeñar las arcas públicas. El PP también vetó las propuestas que exigían una Oficina Presupuestaria en las Cortes y un plan de reducción de empresas públicas, así como la petición del PSPV de prohibir la publicidad institucional con fines "electoralistas". Tampoco salió adelante la propuesta de poner en marcha un plan para sanear Ràdio Televisió Valenciana, el ente público que arrastra una grave crisis económica con un agujero que se acerca a los 1.200 millones de euros; ni la de crear una unidad de control de los sobrecostes en Presidencia.
Por otra parte, los ex parlamentarios autonómicos quieren tener presencia en las Cortes. El presidente de la Associació d'Ex Diputats de la Cámara, Martín Quirós, ex vicepresidente de la institución por el PP, ha remitido un escrito a la presidenta, Milagrosa Martínez, en el que le solicita un local en el Parlamento como sede social de la entidad "con una infraestructura mínima de un despacho", así como una subvención anual para su actividad de 12.000 euros.

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