El lanzamiento de una nueva emisión de deuda por parte de la Generalitat comienza a perfilarse. El Consell está estudiando una veintena de ofertas recibidas por parte de diversas entidades financieras con la vista puesta en una emisión de bonos antes de que finalice el año por un importe de entre seiscientos y mil millones de euros. Una operación que permitiría inyectar liquidez a las arcas autonómicas ante la complicada situación financiera que arrastra.
La hoja de ruta anunciada la pasada semana por el conseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, empieza así a coger forma poniendo el acento en que parte de la deuda emitida tenga como destinatarios a particulares. Una fuente de financiación que seguiría un modelo de obtención de ingresos que con anterioridad ya ha puesto en marcha la Generalitat de Cataluña.
La apuesta por esta fórmula la volvió a poner ayer sobre la mesa el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, quien al igual que el titular de Economía tampoco cuantificó la parte de esa emisión que se suscribiría con la venta de bonos a particulares. Vela apostó por mantener abierto el abanico de posibilidades y advirtió de que esta venta a minoristas todavía "no está decidida ni determinada".
El director del IVF si concretó que la emisión se realizará este año con fecha de vencimiento a años posteriores, comprendiendo periodos que, "a priori, rondarían los doce meses o los tres años". De igual manera, señaló que no se sobrepasará el límite de deuda ya autorizado por el Gobierno, asentado en un total de 1.600 millones de euros.
Con estos argumentos, el Consell trabaja ya en la valoración de las diferentes ofertas planteadas por las entidades financieras, a las que desde el Instituto Valenciano de Finanzas se calificó como "muy receptivas" a la operación y estableció en "esta misma semana" el final del plazo de estudio y valoración de las propuestas.
Con la radiografía financiera actual en la mano, Vela aseguró que los vencimientos y las "necesidades de este año están totalmente cubiertas" y afinó aún más al puntualizar que, "hasta el 31 de diciembre, no hay ningún problema". En la actualidad, el lastre económico que afronta la Generalitat supera los 40.000 millones de euros.
Frente a esta situación de dificultades económicas, el Partido Popular (PP) presentó ayer en las Cortes Valencianas un total de 46 enmiendas parciales a los Presupuestos de la Generalitat, que se traducen en 13,7 millones de euros. Unas modificaciones que se asientan, principalmente, en parcelas como infraestructuras o bienestar social.
Modificaciones en el reparto
La lista de enmiendas a las cuentas autonómicas contempla la inversión de 500.000 euros en diferentes carreteras de la provincia de Alicante, así como el nuevo proyecto de la estación de Santa Pola, que araña 100.000 euros. El apartado vinculado a la cultura también aparece, en concreto, el museo y biblioteca de la Cámara de Comercio de Alicante o el museo Arcadi Blasco de Mutxamel. De igual manera, se incluyen modificaciones para la cooperación internacional al desarrollo y la financiación de programas formativos para colectivos inmigrantes en el conjunto de la Comunidad.
El coordinador de Economía del grupo parlamentario popular, Ricardo Costa, subrayó ayer que se trata de "un gran paquete de enmiendas parciales al empleo, el bienestar social, la sanidad, la cooperación o la industria, que definen la línea de trabajo" del Gobierno valenciano.
Compromís y EUPV elevan a 1.848 las enmiendas a las cuentas
Los grupos parlamentarios Compromís y Esquerra Unida tramitaron ayer sus enmiendas parciales al proyecto de Ley de los Presupuestos de la Generalitat de 2011, que ascendieron a un total de 1.013 y 835 respectivamente. Las "estratosféricas" cifras de deuda y la necesidad de reforzar la situación de los servicios públicos encontraron un denominador común en las argumentaciones de ambas formaciones. La portavoz adjunta de Compromís, Mireia Mollà, insistió por su parte en que sus enmiendas "inciden en las líneas de inversión reclamadas desde hace tiempo por las diferentes ciudades y provincias autonómicas", así como en la "necesidad" de plantear "alternativas" a la situación económica actual. Asimismo, Esquerra Unida pone el acento en sus enmiendas en la lucha por unas cuentas que permitan "finalizar los centros de salud comprometidos desde hace años", así como la adecuación de los centros escolares o el aumento de las partidas para atender a las víctimas de malos tratos. EFE/E.P.
