La Audiencia Provincial ha elaborado un nuevo protocolo para potenciar los procesos por conformidad, por lo que se podrían evitar cerca de 8.500 juicios al año en toda la provincia, según confirmaron a este diario fuentes judiciales. El documento se ha repartido esta semana entre todos los jueces de la provincia y se ha elaborado ante la escasa eficacia que ha tenido el convenio entre la Fiscalía y el Colegio de Abogados firmado en abril del año pasado para potenciar estos acuerdos.
El sistema apuesta por dar un papel más activo a los juzgados a la hora de forzar una conformidad, lo que se lograría fijando un día a la semana para reunir a las partes para que traten de cerrar un acuerdo, tal y como ya está haciendo en los juicios rápidos. El juez no estaría presente en esos encuentros. El objetivo final es recortar la litigiosidad, ya que las agendas de señalamientos de los juzgados están saturadas. En los órganos de lo Penal, la espera está llegando hasta febrero de 2012 y en la Audiencia a noviembre de 2011. De cerrarse un acuerdo a tiempo, se podría recortar a la mitad el número de juicios que se deben celebrar, lo que daría mucha más agilidad al resto de procesos.
La conformidad permite al acusado obtener una rebaja en la pena de la que se le acusa si admite los hechos. El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, señaló que no se va a tratar de una mera posibilidad de bajar las condenas, ya que uno de los aspectos en los que se incidirá es que el acusado haya pagado el dinero de las indemnizaciones.
Magro explicó que en la práctica, el fiscal y el abogado de la defensa "llegan al acuerdo final el mismo día del juicio, una solución con pocos resultados prácticos, ya que se ha tenido que llamar a todos los testigos y el juzgado ha tenido que reservar esa mañana a celebrar ese proceso. De haber sabido antes que iba a ser una conformidad de cinco minutos, se podrían haber señalado muchas más vistas para esa mañana". Son bastante frecuentes los casos de personas que han pedido la mañana en el trabajo para ir a declarar a un juicio y luego se encuentran con que no hace falta su declaración porque el acusado se ha conformado en el último momento.
La propuesta elaborada por Magro aboga porque en los delitos económicos, como las estafas, cualquier acuerdo que se cierre pase por condicionar a que el acusado no entre en prisión si paga las indemnizaciones que se le reclaman. Un aspecto que el documento hace también extensivo a los delitos de lesiones, aunque de estos supuestos quedan excluidos los casos de violencia de género. Magro explicó que en estas ocasiones "si se pacta una conformidad por debajo de los dos años de cárcel, el perjudicado puede encontrarse con que el condenado se declare insolvente, no cobre nada y tampoco entre en prisión".
Para los casos de tráfico de estupefacientes, la suspensión de la pena quedaría condicionada al hecho de que el acusado se someta a un tratamiento de desintoxicación, en casos en los que sea adicto al alcohol o las drogas.
El presidente de la Audiencia consideró que el fiscal debe ser quien valore si se admite o no la conformidad para aquellos acusados que en estas vistas previas se hayan negado al acuerdo y después pretendan cerrar uno el mismo día de la vista. El día elegido para celebrar estas sesiones sería los viernes, ya que es una jornada en la que no suele haber ningún otro señalamiento.
Programa piloto para bajar la litigiosidad
Otra de las vías que mantiene abierta la Audiencia para tratar de bajar la litigiosidad es el programa de mediación penal, una experiencia piloto que tiene el Consejo General del Poder Judicial en la provincia, y que busca reconciliar al delincuente con sus víctimas. En las trece mediaciones celebradas en la primera mitad de este año, los impagos de pensiones y las lesiones han sido los principales delitos al que se han tenido que enfrentar los mediadores. No pagar la pensión a la ex pareja puede suponer una condena de tres meses a un año de cárcel. "Se trata de conseguir acuerdos que eviten un ingreso en prisión para personas que no son delincuentes habituales", explicó el presidente de la Audiencia. El programa se lleva de manera conjunta entre el juzgado de lo Penal 2 de Alicante y la Audiencia, donde el magistrado Miguel Herrero selecciona aquellos casos que pueden ser susceptibles de un acuerdo. La Audiencia quiere que esta iniciativa se extienda a todos los juzgados de lo Penal. J. A. M.
