P. CERRADA
Un juzgado de Instrucción de Alicante y la Guardia Civil investigan un fraude de más de un millón de euros con la venta de al menos 80 autocaravanas que habían sido dadas de bajas tras resultar dañadas en unas inundaciones registradas en Francia y se manipularon en la República Checa para sacarlas al mercado como nuevas pero con documentación presuntamente falsificada y a un precio muy inferior al de mercado. El coste real es de 40.000 euros y se vendía a un precio medio de entre 12.000 y 15.000 euros, aunque algún comprador afirma que pagó 35.000 euros.
El dueño de una empresa de Villafranqueza que vendió las autocaravanas ha declarado ya como imputado ante el juez y ha declarado que las compró pensando que eran legales, según fuentes cercanas al caso. Inicialmente eran 200 las autocaravanas que resultaron dañadas en las inundaciones y la empresa propietaria fue indemnizada por la aseguradora. Las autocaravanas debían haber sido desguazadas, pero no fue así y la Guardia Civil considera que ofrecen un peligro para la circulación.
Otra de las irregularidades que investiga el juez es que las autocaravanas tenían pasada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), algo que ha sorprendido a los investigadores porque dichos vehículos estaban dados de baja oficialmente. Por ello, la investigación sigue abierta y no se descarte que aumente el número de imputados. Las personas que han dado el visto bueno en la ITV probablemente tendrán que declarar en el juzgado.
El fraude fue detectado inicialmente por la Guardia Civil de Tráfico, pero el caso pasó a manos de la Unidad de Policía Judicial y aún mantiene las pesquisas abiertas. La Policía Nacional mantiene abierta otra investigación similar, según afirma un afectado en un foro.
La venta de las autocaravanas se realizaba a través de internet y han sido localizados compradores por todo el país. La Guardia Civil ha inmovilizado numerosas autocaravanas en diferentes puntos de la península, como Galicia, Valladolid o Girona.
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