El deterioro financiero de la Comunidad Valenciana ha llevado a la Generalitat a ver la tarjeta amarilla de la agencia de calificación crediticia Moody's. El organismo internacional, de hecho, ha vuelto a rebajar la calificación de la deuda a largo plazo autonómica al tiempo que advierte de las perspectivas "negativas" que presenta la Comunidad como consecuencia de la adversidad económica que se arrastra desde hace años y las expectativas de que "se mantenga un déficit elevado".

La agencia crediticia hace hincapié en las "dificultades" que afronta la autonomía para combatir, especialmente, los gastos de parcelas como Sanidad y Educación. Departamentos en los que los ingresos operativos registraron un descenso cercano al 3% en el ejercicio de 2009 cuando, por contra, el déficit aumentó en un 15%. No es la primera ocasión en la que la agencia rebaja la calificación de la deuda autonómica. El pasado 17 de diciembre de 2009, Moody's daba un paso similar argumentando, en aquel momento, que la "caída del mercado inmobiliario llevaba a predecir un aumento sustancial de la deuda regional". Unos temores que se mantienen dadas las "perspectivas negativas" de la actual situación. El Consell, en su réplica, aseguró que la rebaja de la calificación "se enmarca dentro de un entorno generalizado de bajadas a las comunidades autónomas". Una caída provocada por la "crisis" económica que atraviesa España.

Sin perder de vista la parcela económica, el conseller de Economía, Gerardo Camps, arremetió por otra parte contra "la tardanza" del Gobierno central en convocar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Un encuentro necesario para tratar los objetivos de déficit autonómico ya que, según apuntó, el Ministerio de Economía ha anunciado la reunión para el 24 de noviembre "cuando lo habitual es que tenga lugar en septiembre u octubre".

El titular de Economía, por otra parte, recibió ayer el visto bueno del Consell para centralizar la factura de la luz de toda la administración y su sector público a través de una suerte de macroconcurso sin precio de salida. La decisión, con la que la Generalitat busca racionalizar el consumo de energía eléctrica, se produce en un momento crítico para las arcas autonómicas y cuando el Ejecutivo está teniendo problemas para pagar en tiempo a sus proveedores de suministros. El acuerdo marco con las entidades durará un máximo de tres años y en el mismo se establecerá los proveedores a quienes se les adquirirá el suministro energético.

Tras este anuncio, la polémica llegó a la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell a consecuencia de la Fórmula 1 y la posibilidad, recogida por un periódico catalán, de que la Generalitat estuviera buscando un comprador para el canon de la prueba y un organizador del evento ante la falta de fondos. La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, aseguró que la Generalitat "no se ha planteado ningún cambio" en cuanto al gran premio que se celebra en Valencia y advirtió de que la forma de ejecutarlo "va a continuar siendo como hasta ahora". La noticia generó una oleada de críticas que fueron desde la solicitud de Compromís para forzar la comparecencia "urgente" del conseller de Economía como vía para aclarar si se están realizando esas gestiones, a las palabras del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, quien calificó la posibilidad de que este proyecto llegue a su punto final "como el gran fiasco" de Francisco Camps.