La Fiscalía tiene previsto presentar un recurso contra la decisión del titular del juzgado de Instrucción número 2 de Alicante de archivar la causa desgajada del caso Brugal que afectaba al conseller de Economía, Gerardo Camps. El fiscal, a diferencia del juez, entiende que las escuchas al empresario Enrique Ortiz durante la investigación del caso Brugal desvelaron indicios de un presunto tráfico de influencias en los procesos de adjudicación del Palacio de Congresos de Alicante, el Parque Cultural de San Vicente del Raspeig, los servicios de mantenimiento de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones de euros al Hércules por parte del Instituto Valenciano de Finanzas.
Según el auto de archivo, el fiscal tenía un plazo de tres días para presentar un recurso de reforma contra dicha decisión. La Fiscalía podría plantear un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial, ya que el primero debe ser resuelto por el mismo magistrado que lo ha archivado y lo lógico es que no revoque su decisión inicial.
Según uno de los informes del caso Brugal, el empresario Enrique Ortiz habría intentado aprovechar la amistad del piloto de rallys Miguel Fuster con el conseller Gerardo Camps para influir en dichos procedimientos públicos. Por contra, para el juez que ha archivado esta pieza de Brugal no existe datos para contemplar influencias indebidas para tratar de interferir en los concursos públicos.
