El fiscal y la Policía creen que el PP dejó desierta para Fenoll la contrata de limpieza

La oposición pide anular la adjudicación porque es el resultado de una supuesta trama del empresario para hacerse con el concurso

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M.L./D.P.
La informes policiales del caso Brugal y el fiscal Anticorrupción sostienen que el empresario Ángel Fenoll gestionó supuestamente con personas cercanas al actual equipo de gobierno del PP que el contrato de las basuras en Orihuela quedara desierto y no recayera en la empresa mejor valorada en su día, Urbarser (noviembre de 2007) y que después se contratara para este servicio a una UTE (Sufi, Liasur y Gobancast) que es, señala la Policía, una tapadera del propio Fenoll (octubre de 2008).
En este sentido y tras las revelaciones del caso Brugal, el PSOE de Orihuela ha solicitado un pleno extraodinario, que se celebrará el lunes, para debatir la apertura de un expediente a la empresa del servicio de recogida de basuras y la anulación de la contrata. El PP ha encargado dos informes, uno del secretario municipal y otro de un técnico externo, para justificar su negativa a celebrar el pleno, aunque finalmente lo ha convocado. El PSOE pretende que se incoe un expediente del cual resulte la anulación de la contrata, así como que los concejales que votaron a favor de la adjudicación paguen de su bolsillo las indemnizaciones que deba afrontar el Ayuntamiento.
El pasado martes este diario publicó la resolución del secretario municipal en la que explicaba que hasta que no exista una sentencia no se puede rescindir el contrato, puesto que no hay datos firmes que confirmen la irregularidad.
Además el equipo de Gobierno ha encargado otro informe externo a un técnico. Se da la circunstancia de que este informe no está firmado, tal y como explicaron fuentes consultadas por este diario. Este último documento argumenta que la convocatoria del pleno no se ajusta a la ley.
Por su parte, el portavoz adjunto del equipo de gobierno, David Costa, señaló ayer que "el pleno ha quedado conformado como pidió la oposición". Costa explicó que los informes jurídicos "no son óbice para que el pleno no se pueda celebrar", si bien adelantó que el PP "se opone" a los dos puntos que constituyen el orden del día de la sesión. "Se opone, no por capricho, si no porque no está amparado por la legalidad", declaró. "La oposición tiene abogados y saben que los dos puntos de acuerdos no son legales", dijo, al tiempo que opinó que "lo que importa, una vez más, es el caso Brugal".
Además, consideró que "hace tiempo que la oposición dejó de trabajar y decidió que los juzgados trabajasen por ellos" y que la convocatoria del pleno "es un paso más de esta estrategia".

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