El empresario Enrique Ortiz llegó a mostrarse receloso con el redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Jesús Quesada, al considerar que las zonas protegidas elegidas por el arquitecto serían propiedad de personas allegadas al responsable del plan. Así se desprende de las intervenciones telefónicas realizadas a mediados de 2008 a Ortiz durante el caso Brugal, en una de las cuales -mantenida con Javier Llorens, un empleado suyo especializado en temas urbanísticos- llega a decir que "yo veo ahí mano negra, y la mano negra para eso tengo que ser yo". Sobre este asunto de zonas que serán objeto de protección en el nuevo PGOU el empresario asegura disponer de información privilegiada -"tengo un plano con las zonas protegidas que tienen prioridad para protegerlas en el Plan General"- y sobre la elección añade en la conversación que tiene que decirle al alcalde por qué "tienen que ser esas y no pueden ser otras si hay otras con las mismas características".
Por ello, encarga a su empleado que busque zonas susceptibles de esa protección "para ver si tenemos nosotros posibilidad de comprar alguna y meterlas". Según el informe de la Policía incluido en el caso Brugal, el empresario pretendía comprar suelo protegido para "hacer valer sus influencias" e incluirlo en el PGOU, de forma que le repercutiera luego en suelo urbanizable.
Pese a los recelos mostrados por Ortiz, otra conversación del empresario con Jesús Quesada reflejaría, en opinión de la Policía, que el redactor del PGOU "daría por hechos planeamientos y propuestas sobre un determinado plan como propios, entregados por Ortiz tras haber sido confeccionados por su equipo".
El informe policial incluye también conversaciones sobre varias actuaciones urbanísticas bajo sospecha -PAU 3, APA 9, Pino y Ruaya, aunque la alcaldesa Sonia Castedo negó cualquier irregularidad en estos planes durante la comparecencia del pasado lunes.
